Prosa aprisa
Posible causa por qué no se quiere ir Winckler
Arturo Reyes
Isidoro
El 28 de
noviembre de 2016, a punto del cambio de administración, el entonces Fiscal
General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, anunció en conferencia de
prensa su decisión de renunciar al cargo con carácter de irrevocable.
Dijo que
había decidido hacerlo para no ser factor de división ni encono, “por el
contrario, lo que Veracruz necesita, hoy más que nunca, es unidad”.
Comentó
ante los representantes de los medios que buscaba dejar el camino libre a la
nueva Legislatura y al nuevo gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, para
garantizar la procuración de justicia.
Había
sido nombrado en el cargo el 30 de enero de 2015 y debía permanecer al frente
de la Fiscalía por nueve años, esto es, hasta 2024. Su renuncia surtió efecto a
partir del 1 de diciembre, al entrar la nueva administración.
Esa fue
la formalidad.
Para
nadie fue un secreto que había sido forzado a dimitir por el gobernador
entrante a cambio de que no se actuara en su contra por presuntos ilícitos como
fiscal del gobierno de Duarte y para que se pudiera ir tranquilo. Hoy está en
prisión porque no se le respetó el acuerdo tomado.
Luis
Ángel entendió que no iba a “poder contra el mundo”, que seguramente iba a
vivir un infierno con el gobierno yunista y que su permanencia en el cargo
significaba días convulsos para la vida pública de Veracruz. En realidad fue
una renuncia por motivos políticos.
El caso
está fresco porque sucedió apenas hace 25 meses y de alguna manera marcó la
ruta a seguir en casos como el suyo.
Por eso
extraña que a quien le tomó protesta y dejó como su sucesor, Jorge Winckler
Ortiz, que vive hoy un caso muy parecido al suyo, se aferra a irse cuando el
propio gobernador Cuitláhuac García lo acusa de conductas ilícitas e incluso
desde que era candidato anunció que pediría que se le sometiera a juicio
político para quitarlo del cargo.
El
abogado de origen oaxaqueño reitera que no se va, que recurrirá a todas las
instancias legales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
para que lo dejen permanecer en el cargo los siete años que le restan para
cumplir el periodo para el que fue designado.
Su
situación, a diferencia de la de Bravo Contreras, se ve más complicada porque
no solo tiene al nuevo gobierno del Estado encima sino al propio gobierno
federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente, por lo que se
ve difícil que pudiera ganar una controversia pues aunque se diga que no,
cuenta mucho el factor político a la hora de resolver.
¿Por qué,
pues, se aferra Winckler y no se va y está expuesto ya al desgaste mediático y
al escándalo que significará el juicio sumario legislativo al que todo indica
que se le someterá?
Un caso
que saltó ayer a la opinión pública y que amenaza convertirse en un escándalo
político y legal puede ser la respuesta.
A
temprana hora el portal SDP Noticias “subió” una nota del reportero Víctor Hugo
Arteaga informando que el exGobernador Miguel Ángel Yunes Linares y el propio
Fiscal recuperaron una propiedad del exSecretario de Seguridad Pública, Arturo
Bermúdez Zurita, con dinero público.
No soy
lego en Derecho, pero lo que entiendo es que contrario a lo que estuvo
pregonando, no fue cierto que el gobierno que se acaba de ir haya “recuperado”
un inmueble en Estados Unidos adquirido presuntamente con recursos sustraídos
ilícitamente durante la administración de Duarte, sino que compró el crédito y
lo pagó con recursos de los veracruzanos para que el entonces gobernador Yunes
lo presentara como un logro de su cacería contra los exduartistas, y Bermúdez
declarara en contra de Duarte.
El
reportero dijo que SDP tenía documentos en su poder que probaban que el ahora
exgobernador había ordenado la transferencia de al menos 220 mil dólares, unos
4 millones 400 mil pesos al tipo de cambio entonces. El periodista dio detalles
en su nota.
Más tarde
medios locales repercutieron la información, incluso en alcalorpolitico.com se publicó la copia facsimilar de la denuncia
que presentó Bermúdez ante la Comisión Permanente de Justicia y Puntos
Constitucionales que preside la diputada Mónica Robles Barajas pidiendo juicio
contra Winckler pero en la que también involucra al exgobernador Yunes, al
Fiscal Anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio, al exSecretario de Gobierno
Rogelio Franco Castán y a otros funcionarios.
Ahí
detalla otras propiedades que también entregó, de todas las cuales dijo que
fueran adquiridas lícitamente, así como el famoso rancho “La Cartuja” en
Naolinco.
¿Qué
relación podría tener la renuencia de Winckler a dejar el cargo y a aferrarse a
él a piedra y lodo con el caso de la propiedad en Woodlands, Texas?
El Fiscal
se resistiría a irse para no soltar los expedientes de ese y otros casos
sonados que forzosamente caerían en manos de los gobiernos de Morena, federal y
estatal, y entonces se pondrían al descubierto infinidad de irregularidades que
podrían ser constitutivas de delitos.
Teniendo
al “mundo” en su contra, no se ve imposible que finalmente caiga, y tal vez
está consciente de ello, pero quizás piensa que luchando ante tribunales va a
retrasar su salida y está dando tiempo a que los implicados, que él debe saber
muy bien quienes son, preparen su defensa y se amparen, y retarden una posible
aplicación de la ley si es que se prueba que hubo conductas ilícitas.
¿O por
qué otra cosa no quiere hacer lo que Luis Ángel Bravo Contreras de presentar su
renuncia para no ser factor de división y encono y abonar a la unidad de
Veracruz?
Winckler,
por sí o porque se lo ordenaron, cometió muchos atropellos en contra de actores
políticos o de pacíficos ciudadanos como la detención de ingenieros mecánicos y
electricistas de Medellín cuando se disponían a repartir despensas para
damnificados de sismos, o cuando citó a comparecer ante la Fiscalía a la
investigadora Rosío Córdova por un comentario que había hecho en una
conferencia, a unos porque los quiso ligar con una funcionaria del PRI, a la otra
por su vinculación con el actual alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero.
En
estricto apego a la legalidad no se sostendría en el cargo si en Veracruz se
respetara y se aplicara la justicia.
¿Cuántas
cosas, documentos comprometedores que implicarían muchos años de cárcel, no
oculta en el edificio del Circuito Presidentes en Xalapa? ¿Acaso está dando
tiempo a que huyan y se escondan posibles responsables, o sea, les está
facilitando la huída?
El
gobernador Cuitláhuac García tuiteó ayer sobre la revelación de la nota
periodística: “Lo advertimos, fue un fiasco y show mediático la ‘recuperación
de bienes’, ‘denuncias’ e ‘investigaciones’ contra Duarte y sus ex
funcionarios, el gobierno anterior pactó con ellos la negociación de
propiedades a cambio de su libertad y bajar las penas. Empezará a salir la
verdad”.
Por su
parte, el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, confirmó que ya se investiga
si el exgobernador Yunes es responsable del señalamiento que le hace Bermúdez,
pero destacó que también está involucrado Winckler, ante lo que aseguró que:
“Me canso ganso que se va (del cargo)”.
Por la
actitud que muestra Winckler, no se cree que lo van a tumbar de un día para
otro, así que la prensa tiene nota para rato, y los lectores para entretenerse
también.

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