martes, 17 de diciembre de 2019

Ha andado al garete; ya tiene quien le asesore


Prosa aprisa
Ha andado al garete; ya tiene quien le asesore
Arturo Reyes Isidoro

Se demoró pero por fin el gobernador Cuitláhuac García Jiménez hizo ayer un movimiento en su equipo de trabajo que le puede dar buenos resultados… si escucha a su nuevo Jefe de Asesores.
Esteban Ramírez Zepeta, quien era el Jefe de la Oficina del Gobernador, estrena el cargo, que nadie ocupaba no obstante la obvia necesidad de que el titular del Ejecutivo cuente con un equipo sólido de asesoría que lo ayude a dar pasos seguros para que no se meta innecesariamente en problemas como luego le sucede.
Su nombramiento es para poner un poco más de orden en general, se me dijo ayer cuando consulté con una fuente del Palacio de Gobierno sobre qué con el movimiento.
Cabe decir que el choapense es de los hombres más cercanos al titular del Ejecutivo, quizá quien lo conoce como pocos, pues su relación no es de un año para acá cuando llegaron al gobierno, sino de muchos atrás e incluso en su campaña fue su coordinador de logística.
En el mensaje con motivo de su Primer Informe de Gobierno el pasado 16 de noviembre, al referirse a su política de austeridad, Cuitláhuac resaltó ante la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que él no tiene secretario privado ni particular.
Puede que no le hagan falta pero se entendería entonces que ha estado un tanto al garete, por lo que la cercanía y asesoramiento de Ramírez Zepeta le puede venir muy bien si es que este también asume su papel en serio y se impone con sus opiniones sobre quienes luego mal aconsejan a su jefe y terminan por meterlo en problemas.
En forma inexplicable, por lo grande y complejo que es Veracruz, no había un jefe de asesores, alguien que coordinara el trabajo estratégico que debe estar atrás del gobernador y que le sirva de guía con información al día y con propuestas de solución a los problemas que se enfrentan, o para que se anticipe y evite que estallen, o que le diga qué y cómo debe responder a los cuestionamientos de  la prensa, entre muchas otras cosas más.
Un buen jefe de asesores, por ejemplo, luego de leer el texto del tuit que se publicó el lunes en la página oficial del Gobierno del Estado con relación al asesinato del exalcalde de Paso del Macho, Rafael Pacheco Molina, le hubiera sugerido al gobernador que no lo publicara tal cuál (se lo atribuyen al secretario de Gobierno, Eric Cisneros), le hubiera metido mano y lo hubiera pulido para no dejar la impresión de una intromisión o intento de intromisión en la Fiscalía General del Estado, supuestamente autónoma.
Pero, expreso al inicio, el nombramiento surtirá efecto solo si el mandatario estatal lo escucha y le hace caso, pues en este mismo espacio publiqué que a finales de mayo pasado le renunció un asesor que tenía, quien se quejó que se iba porque no le hacía caso; terminó asesorando a una diputada local.
Solo el paso de los días nos dirá si funcionó el cambio. De que el gobernador necesita dejarse ayudar, ni quien lo dude.
Le aplauden como si ya hubiera acabado con la inseguridad
Poco tiene qué presumir el gobernador Cuitláhuac García Jiménez que ayer sus panegiristas echaron las campanas al vuelo ¡porque el presidente lo mencionó entre los seis gobernadores del país que más han asistido a reuniones de seguridad!
Creo que tanta alharaca hubiera valido la pena si el presidente lo hubiera puesto como ejemplo de un gobernador, el primero del país, que hubiera acabado ya con la violencia y la inseguridad en el Estado. Entonces sí, eso creo, se hubieran justificado el bombo y platillo de sus fans.
Pero, en primera, ni siquiera ha sido el más cumplido. Lo superan Claudia Sheinbaum, quien ha asistido a las 350 reuniones que se han celebrado en la Ciudad de México, luego los gobernadores de Chiapas, San Luis Potosí, Tlaxcala y Tabasco. El de Veracruz ha asistido solo al 60 por ciento de las 250 Mesas de Seguridad para la Construcción de la Paz.
En segunda, Veracruz sigue estando en el top ten de los diez estados con más índice de hechos delictuosos.
¿Sirven para algo las reuniones de seguridad?
Con lógica y no faltos de verdad reaccionaron ayer mismo los gobernadores de Guanajuato y de Nuevo León a la exhibida que intentaron darles presentándolos entre quienes más faltan a las reuniones de seguridad.
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, con una fina ironía respondió que era falsa la información que presentó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien dijo que solo se había presentado tres veces.
"Es falsa esa información, porque aparece que tres veces he ido, no pues no he ido a ni una, falsos los datos. No he estado ni iré, ya se lo he dicho públicamente y se lo vuelvo a repetir, porque ahí no se toman las decisiones".
Por su parte, Jaime Rodríguez “El Bronco”, de Nuevo León, expresó: "No es en proporción a la asistencia del gobernante a las mesas como se da el índice delictivo. La Jefa del Gobierno del DF (Ciudad de México), ¿cómo se llama?, Claudia, asiste a todas, pero tiene uno de los mayores índices delictivos".
Según una nota del diario Reforma restó importancia a estas reuniones, puesto comentó que pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador asiste a ellas la delincuencia sigue aumentando. "El Presidente acude todos los días y la delincuencia sigue creciendo en el país".
Esto vale para Veracruz. De qué han servido 250 “Mesas de Seguridad” si lo que los veracruzanos menos tienen es seguridad.
Este miércoles rinde su informe el alcalde de Tuxpan

Un buen ambiente se vivía anoche en Tuxpan en vísperas del Segundo Informe de Gobierno que rendirá la mañana de este miércoles el alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha
El presidente municipal dará cuenta del resultado de un año de trabajo que mantiene al municipio de don Jesús Reyes Heroles entre los que más progresos han alcanzado, con un pequeño gran detalle: no obstante que el alcalde es panista, mantiene la mejor relación con el Gobierno del Estado de extracción morenista, lo que habla de su sensibilidad y civilidad política.









lunes, 16 de diciembre de 2019

El Gobierno induce posible móvil de asesinato


Prosa aprisa
El Gobierno induce posible móvil de asesinato
Arturo Reyes Isidoro

A temprana hora de ayer (6:30 de la mañana) asesinaron a una cuadra del palacio municipal de Paso del Macho al exalcalde perredista Rafael Pacheco Molina.
Había sido tres veces presidente municipal, era ahora encargado del área de Obras Públicas del ayuntamiento y asesor del actual alcalde Fernando León Trejo.
El Gobierno del Estado no tuvo de inmediato alguna reacción, solo se produjo seis horas después de manera insólita. En su cuenta de Twitter emitió el siguiente mensaje:
“Con respecto al homicidio del Director de Obra Pública del municipio de Paso del Macho solicitamos a la FGE que se lleve una investigación amplia y exhaustiva que incluya todas las líneas, aun aquellas que tengan que ver con la presunción de que ejercía un cacicazgo en la zona”.
¡Bomba!
Como veracruzano, como ciudadano, no puedo dejar de expresar mi preocupación por lo que a todas luces parece un grave intento de intromisión en la autonomía de la Fiscalía General del Estado (FGE) y, peor aún –eso creo–, desde la posición de poder que tiene el Ejecutivo tratar de inducir la investigación hacia un móvil determinado.
Que el Gobierno solicite a la encargada de la Fiscalía una investigación amplia y exhaustiva es correcto. No lo es que prácticamente inculpe a la víctima antes de que la policía ministerial investigue y determine la causa del homicidio, y que veladamente diga a la Fiscal a qué debe llegar su indagatoria.
No perdían nada con guardar las formas. Pudieron acompañar la solicitud con la expresión: “De manera respetuosa le solicitamos”, en atención a que supuestamente la Fiscalía es autónoma, pero a la señora o señorita Verónica Hernández Giádans la tratan como la empleada que ha sido de ellos (no olvidar que trabajaba con el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, antes de asumir su actual cargo).
Con un tuit “tiraron” línea a la Fiscal
¡Qué forma de tratar de justificar la inefectividad y el fracaso de la política de protección y seguridad ciudadana ante la ola de violencia que ahoga al Estado, prácticamente inculpando a la víctima.
Con el tuit dejaron la impresión de que desde el Palacio de Gobierno le “tiraron” línea a la Fiscal y le dijeron hacia dónde enfocar su investigación para que concluya que victimaron al exalcalde porque era un cacique. Nada más les faltó poner: “Se lo merecía”.
Así, con solo una diferencia de seis horas sicarios victimaron al político pasomachense y luego el Gobierno del Estado lo revictimizó, algo nunca visto antes en la historia de Veracruz.
Con su texto hecho público, el Gobierno del Estado podría haber viciado de origen el proceso de investigación porque a quien tratan como su empleada, la encargada de la FGE no querrá llevarles la contra y dejar mal a sus patrones dando otra versión, por muy cierta que pudiera resultar, porque ellos ya prejuzgaron e insinuaron el motivo del asesinato.
Desde el Palacio demeritan a la Fiscal cuando le insinúan qué hacer, pues es muy claro que con la potestad constitucional que le otorga el Articulo 21  de la Carta Magna está obligada a agotar de manera exhaustiva todas las líneas de investigación que surjan, y se supone que como profesional que es no dejará pasar ningún detalle.
Se hubiera visto mejor que, en todo caso, el Gobierno hubiera dicho que ofrecía colaborar en la investigación e incluso suministrar la información que tuviera para ayudar al esclarecimiento del caso.
Ante lo ocurrido, con toda razón los detractores del cuitlahuismo van a decir que para eso quitaron por la fuerza al Fiscal titular Jorge Winckler Ortiz, para poner en su lugar a alguien a modo a quien puedan manipular y ordenarle el sentido de sus investigaciones.
Por eso la preocupación al saber que ante el surgimiento de un caso en el que la Fiscalía tenga que determinar una responsabilidad o culpabilidad le insinúen desde el Palacio de Gobierno un móvil que lleve a declarar que alguien es inocente o culpable.
¿Politizaron el caso?
Pero en lo ocurrido ayer surge otro elemento que puede hacer pensar que el gobierno politizó el asunto porque la víctima era de otro partido y de otra corriente política ajena a los suyos.
Porque la insólita reacción oficial pudo haber sido como respuesta a un tuit que emitió el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares tres horas después del asesinato: “Rafael Pacheco Molina fue un querido amigo, gran ser humano y magnífico servidor público. Condeno su crimen y abrazo con afecto a su familia y compañeros”.
El panista hizo lo elemental en estos casos, pero además con mucho tacto: no responsabilizó ni señaló a ninguna autoridad por la violencia e inseguridad que se vive, condenó el crimen y se solidarizó con los deudos, exaltando la calidad que como persona y como servidor público tuvo la víctima.
El gobierno no tuvo palabras de consuelo para los familiares, los lastimó más con su presunción acusatoria y tampoco aprovechó la ocasión para decirle a los veracruzanos que tengan confianza en que en este y otros casos prevalecerá la justicia y no habrá impunidad.
No aprendieron de la lección de Caballo Blanco
Pero no quieren aprender. En el sonado caso de la masacre en el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos, en agosto pasado, sin que hubiera una investigación de por medio, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se apresuró a declarar que contaba con indicios sobre la identidad de uno de los probables responsables.
Soltó entonces el nombre de Ricardo “N” alias “La Loca”, quien antes, aseguró, había estado detenido pero la Fiscalía General del Estado, entonces a cargo de Jorge Winckler, lo había dejado en libertad.
La propia Fiscalía General de la República (FGR) puso en claro que lo habían detenido marinos y lo habían puesto a disposición de su delegación en Veracruz, que había sido la que lo había liberado, e incluso el mismo señalado publicó un video negando su participación dando detalles para tratar de probarlo. Hasta la fecha la FGR, que atrajo el caso, no ha podido esclarecerlo y no hay un solo detenido.
El crimen de Paso del Macho alcanzó notoriedad nacional por las condenas que hicieron las dirigencias nacionales del PAN y del PRD, pero también porque dieron cuenta del hecho medios de la Ciudad de México y de varias partes del país.
Ayer mismo, la Secretaría de Seguridad Pública anunció que asumiría la vigilancia en Paso del Macho y procedió de inmediato. Emitió el siguiente mensaje:
“Con el propósito de garantizar la seguridad en el municipio de Paso del Macho, la Secretaría de Seguridad Pública toma el control de la seguridad y concentra a elementos de la Policía Municipal, a fin de realizar su proceso de evaluación y control de confianza en Xalapa”.






domingo, 15 de diciembre de 2019

Devolverán millones por no ejercerlos


Prosa aprisa
Devolverán millones por no ejercerlos
Arturo Reyes Isidoro

De acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a más tardar el próximo 15 de enero, esto es, dentro de un mes, el Gobierno del Estado deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos federales etiquetados que no haya ejercido hasta el último día de diciembre, es decir, en los próximos 15 días.
Así está contemplado en el Artículo 17 del Capítulo I del Título Segundo del mencionado ordenamiento.
El viernes pasado, por primera vez el secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, aceptó tal probabilidad, ya que su dependencia solo logró ejercer 61% de 438 millones de pesos que se le asignaron, quedando pendientes 198 millones de pesos, aproximadamente (agencia AVC Noticias, 13/12/2019).
De acuerdo a una nota de la agencia, Fernández Sánchez “Reconoció que una parte quedará para el año 2020, y se tendrá que gastar antes del primer trimestre del año, de lo contrario el dinero tendrá que ser reingresado a la tesorería Federal”. Ignora que los recursos no son transferibles de un año para otro.
En lo que se puede interpretar como un acto desesperado, confirmó lo que empleados de su oficina comentaban sotto voce: que solicitó a la Federación una autorización para ampliar el plazo a fin de poder ejercer la totalidad de los recursos de este año.
Dejan en entredicho al Gobernador
Con ello, de paso dejó en entredicho al propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien en su comparecencia ante el pleno de diputados el pasado 10 de diciembre aseguró que no había subejercicio de recursos federales en la entidad.
En esa fecha aludió la Ley de Disciplina Financiera aunque la interpretó mal por desconocimiento o a su conveniencia: dijo que para la adjudicación de recursos tenían hasta el último día de este año y que para ejercerlos hasta el próximo 31 de marzo.
En lo primero estuvo correcto, a medias. La ley dice que al día último de este mes deberán estar devengados o comprometidos todos los recursos, pero no expresa que podrán ser ejercidos todavía en el próximo trimestre del año entrante.
En el caso de la Sedesol, se entiende que no fueron devengados 198 millones de pesos (que no se hizo obra y está concluida) y que tampoco les dio tiempo de comprometerlos (para hacerla) en el periodo fijado por ley, por lo que tendrán que ser devueltos y, por lo tanto, se habrán perdido.
Muy complicado que les amplíen plazo
Ciertamente, queda abierta la posibilidad de que pudieran ampliarle el plazo legal, pero no es nada fácil y sí muy complicado. Primero tendría que explicar a la Legislatura local por qué no se ejercieron y convencer a sus integrantes que avalen su petición, para entonces presentarla ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aunque por la forma en que lo hizo, en forma directa, se habría saltado el primer requisito.
Pero si aquí podría salvar la aduana porque su partido tiene mayoría en el Congreso, en la SHCP no se ve viable: si le autorizan a Veracruz el recurso, entonces todos los demás estados del país que estén en las mismas circunstancias reclamarían el mismo trato y tendrían que hacerles la concesión, por lo que se relajaría toda la disciplina financiera.
Lo que también dice el Artículo 17 es que los recursos etiquetados que ya se comprometieron (mediante contrato) o que ya fueron devengados (obra concluida) hasta el 31 de diciembre y no se han pagado, deberán cubrirse, eso sí, a más tardar en los próximos tres meses, pero no dice que lo que no se ejerció podrá hacerse todavía en 2020.
Con algo más: si no se ejecuta la obra contratada o no se entrega en la fecha fijada en el contrato, entonces el dinero que quede (remanente) deberá reintegrarse a la Tesorería de la Federación a más tardar dentro de los siguientes 15 días naturales, pero con los respectivos intereses que se hayan generado. Así de simple.
El de la SIOP, caso grave de subejercicio
Hay un caso mas grave de subejercicio: el de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP).
En su comparecencia también ante la diputación local, su titular Elio Hernández Gutiérrez, hace apenas 19 días, el 27 de noviembre, aceptó que su dependencia había ejercido solo 50% del total de su presupuesto de 2 mil 165 millones de pesos.
Reveló que de 208 contratos celebrados, 129 habían sido adjudicados en forma directa, más de la mitad, un recurso desesperado no exento de actos de corrupción, para tratar de comprometer el 100% de los recursos asignados, algo que, según anunció, tendría listo el próximo viernes 20 de diciembre. En realidad, los contratos debieron haberse entregado mediante licitación luego del concurso de varias empresas.
En esa ocasión varios diputados denunciaron que varias licitaciones fueron declaradas “desiertas” para luego adjudicar en forma directa las obras a empresarios de Guanajuato, Puebla, Querétaro, Pachuca, Guadalajara y Ciudad de México.
Uno de ellos, Gonzalo Guízar Valladares, calificó como un acto de cinismo que se les dijera a los constructores locales que no cumplían los requisitos y que a algunos de plano les espetaran: “no vas tú, va un poblano”.
Aseguró que de las empresas beneficiadas de manera directa, muchas carecen de domicilios fiscales confiables, tienen historiales de fraudes en otros estados y no gozan de buena reputación en el ramo. La respuesta de Hernández Gutiérrez fue: “todos somos mexicanos”.
Pero aun así, el tiempo les ha ganado. Los contratos no se pueden entregar como si fueran volantes porque se tienen que revisar los aspectos técnicos y legales, por lo que no se ve cómo podrán comprometer el total de los recursos.
SESVER ¡apenas va a licitar lo de 2019!
Otro caso más es el de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), a cargo del doctor Roberto Ramos Alor. Apenas el viernes pasado la dependencia se ufanó de habilitar el actual periodo vacacional y mantener sus actividades para “el desahogo de procesos de licitaciones”.
Como gran novedad y sacrificio se anunció que: “En SESVER se habrán de desahogar, con plena validez, las distintas etapas de los procedimientos de licitación (Convocatoria, Junta de Aclaraciones, Acto de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas, Emisión del Dictamen Técnico, Notificación de Fallo y Contrato, entre otros)”.
¡Eso cuando ya solo falta una quincena para el cierre del ejercicio fiscal 2019! Apenas van a licitar (o seguramente a tratar de adjudicar en forma directa) contratos que debieron haberse comprometido a más tardar en marzo pasado y cuyas obras o servicios debieran estar siendo entregados en este mes, salvo excepciones que verdaderamente justificaran que no se hubieran concluido.
Así, todo indica que serán muchos los millones de pesos que no podrán ya ejercerse y tendrán que ser devueltos a la Federación, en un acto de irresponsabilidad por inexperiencia o incompetencia y desconocimiento de la ley, o por las tres cosas juntas, recursos con los que pudieron haberse creado fuentes de trabajo y reactivado las economías regionales.
Pero eso no es todo. De acuerdo a lo que devuelvan, en esa misma proporción la Federación castigará a Veracruz para el próximo año, esto es: solo entregarán para ejercer en 2020 la cantidad que ejercieron en este 2019, en el entendido de que lo que reintegren es porque no lo necesitan. Así son las reglas de Hacienda.
No entienden o no quieren entender que en el primer minuto del próximo 1 de enero, dentro de 15 días, deberán estar ejerciendo ya los recursos pero del presupuesto 2020.