Prosa
aprisa
Elefante blanco
Arturo Reyes Isidoro
Fue el 18 de diciembre de 2012 cuando oficialmente nació en
el estado un elefante blanco llamado Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas en el Estado de Veracruz (CEAPP). Su objetivo, se
estableció entonces, era velar por la integridad física de los comunicadores y
garantizar el ejercicio pleno de la libertad de expresión.
En este espacio en diversas ocasiones no sólo he sostenido
que no sirve ni ha servido para nada salvo para sangrar al erario público con
recursos que hacen falta en áreas sustantivas, pero además he argumentado que
no tiene razón de ser porque la garantía de la libertad de expresión ya está
señalada en la Constitución y que velar por la integridad física del gremio es
obligación de los gobiernos a través de sus aparatos de seguridad pública.
Ese adefesio fue creado luego de que en menos de un año se
reportó la muerte de ocho compañeros en la entidad –Noel López Olguín, Miguel
Ángel López Velasco (Milo Vela), Misael López, Yolanda Ordaz, Regina Martínez,
Gabriel Huge, Esteban Rodríguez y Guillermo Luna, que en paz descansen todos
ellos– y de que sobre Veracruz cayó como una pesada losa, que no se ha podido
quitar de encima, el señalamiento del Relator Especial de Naciones Unidas para
la Promoción y Protección de Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, de
que Veracruz “es el estado más peligroso para el ejercicio de la prensa en uno
de los países de mayor riesgo a nivel mundial”.
Si de por sí no tenía razón de ser esa Comisión, para colmo
pusieron al frente a dos personas que jamás ejercieron el periodismo ni pasaron
por una redacción, que por lo tanto las descalificaba porque no tenían la menor
idea (ni la tienen aún) de cuál era la verdadera necesidad de los reporteros
para estar protegidos de los riesgos por el ejercicio de su quehacer, y los
hechos posteriores, el de Gregorio Jiménez de la Cruz el más reciente, han
confirmado su inutilidad. Namiko Matzumoto Benítez (59 mil 531 pesos al mes
como “bono de actuación” –je je–, al menos hasta 2013), “secretaria técnica”, y
Rocío Ojeda Callado (20 mil pesos al mes como “bono de responsabilidad” –ja
ja–), “presidenta”, son unas simples burócratas más y unas verdaderas vividoras
del presupuesto.
Fue una Comisión de más, porque aparte ya existía y existe,
al menos en la estructura oficial, una Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales y en la Atención de Denuncias contra Periodistas Comunicadores
(siempre me he preguntado si el nombre es correcto), pues debiera ser Fiscalía
Especializada en la Atención de Denuncias por Delitos contra Periodistas
Comunicadores y a la que, en todo caso, se debieran asignar los 15 millones de
pesos (creo que para este año le hicieron un aumento) de presupuesto anual que
se asignó al referido paquidermo blanco.
Como si la inutilidad no bastara, todavía peor, ese
presupuesto se tomó como un botín, como lo demuestra el hecho de que un mismo
integrante de dicha Comisión, acaso el único que se salva por su verdadero
deseo de servir a los compañeros, Jorge Morales Vázquez, ayer hizo un año que
presentó ante el Congreso local un informe en el que denunciaba “posibles
irregularidades” en la distribución de los recursos financieros y en el
funcionamiento de la propia CEAPP.
Habló de un manejo “opaco y poco transparente” de los 15
millones de pesos, de una “pírrica” ayuda a los periodistas exiliados del
estado por cuestiones de seguridad o a los compañeros en riesgo, además, de que
la señora Matzumoto contrató a 37 personas, dizque “asesores”, secretarios,
auxiliares administrativos, “que nada tienen que ver con los medios de
comunicación” y que cobran salarios onerosos, muy inequitativos ante las
percepciones de los reporteros del estado.
Jorge reveló que de los 15 millones, sólo se habían destinado
747 mil 745 pesos para la atención y apoyo a los periodistas, es decir, sólo el
5.2 por ciento del presupuesto total, y el resto, más de 14 millones, para los
sueldos de los nueve comisionados y los 37 empleados, lo que le valió una
“amonestación” de los restantes integrantes de la Comisión por revelar la
verdad, lo que lo llevó a presentar una demanda de amparo ante un Juzgado de
Distrito del Poder Judicial de la Federación, bajo el folio 413/2013 (nada más
faltó que demandara la creación de otra comisión para que lo defendiera de la
comisión encargada de defender a los periodistas).
La Comisión, dijo entonces Morales Vázquez, “no está
atendiendo la parte preventiva de riesgo de los periodistas en Veracruz, ni de
la protección”, que eran los fines con los que se supone se creó el engendro.
Del gran trabajo que realizan las “ejecutivas” da una idea
una declaración de Rocío Ojeda Callado a Elia Melchi Reyes, de Notiver, el pasado 18 de febrero. “De
acuerdo al reglamento de la comisión, usted es más ejecutiva que práctica”, le
preguntó. “Qué bueno que lo mencionas porque en base al reglamento, estamos
hablando que a la función de la presidencia sólo le compete las reuniones en
las que sesionamos todos los comisionados”. Volvió a la carga Elia: “A Rocío
Ojeda le critican mucho de no dar la cara o no hablar”. Respuesta: “Y entiendo
perfectamente esta crítica y tienen razón, sin embargo, el reglamento que fue
aprobado tiene funciones muy específicas donde delimita precisamente cuáles son
las funciones de cada uno y no me corresponde estar en la operatividad”. ¿Y la
defensa y protección de los periodistas no requiere operatividad? ¿No para eso
se le paga? ¿Qué acaso se requiere cargo y que un reglamento lo apruebe para
salir a solidarizarse con un periodista víctima de la delincuencia o de
cualquier otra persona o grupo a causa de su trabajo? Carajo. Defensa y
protección del periodista desde el escritorio, desde la comodidad, desde el
clima artificial, en forma “ejecutiva”, tomando café. Eso le debió haber ido a
decir a la viuda y a los huérfanos de “Goyo” Jiménez de la Cruz, por qué nunca
estuvo con ellos, por qué no salió a demandar que se le buscara afanosamente
para que apareciera con vida, porque se lo impedía un “reglamento”.
Qué bueno que el gobernador Javier Duarte de Ochoa y el nuevo
coordinador general de Comunicación Social, Alberto Silva Ramos, se disponen a
corregir la situación. La desaparición de esa “Comisión” va a recibir la
aprobación general del gremio. Será un paso más, positivo a mi juicio, en el reencauzamiento
del rumbo del Gobierno hacia el final del sexenio.
