Prosa
aprisa
¿Quiénes y cuántos
irán a prisión?
Arturo
Reyes Isidoro
Cuando
el secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Gerardo Buganza
Salmerón, dijo el miércoles ante los diputados locales que en el fraude que
encontró cuando llegó a la dependencia (antes Secretaría de Comunicaciones)
están involucrados funcionarios de todos los niveles, sabía muy bien lo que
afirmaba.
En
su comparecencia con motivo del Tercer Informe de Gobierno dijo que los
trámites de pagos de anticipo y estimaciones tuvieron que ser aprobados y
firmados por diversos empleados y funcionarios de la extinta Secom, así como
por responsables de las empresas que realizan la supervisión externa de las
obras.
¿Quiénes y
cuántos funcionarios o exfuncionarios del Gobierno del estado serán
aprehendidos y encarcelados por estar involucrados en los actos de corrupción y
fraude de los que dio cuenta el secretario Buganza?
En varios casos,
la responsabilidad recae sobre residentes o ex residentes de obra, directores o
ex directores de la dependencia y secretarios o ex secretarios de despacho,
quienes forzosa y necesariamente autorizaron, firmaron y entregaron recursos
económicos aparte de los anticipos o adelantos, pese a que o nunca se iniciaron
las obras o las que se iniciaron nunca tuvieron avance y se dejaron
abandonadas.
Pero la
responsabilidad recae también sobre los ex contralores internos de la
dependencia, aunque ayer la versión insistente era que le resulta una gran
carga de culpa al ex Contralor General del estado, Iván López Fernández, así
como al ex titular del ORFIS y hoy Contralor General del estado, Mauricio
Audirac Murillo, cosa que nos confirmó un jurídico involucrado que nos pidió su
anonimato.
Además, en el
incumplimiento y fraude están implicados también empresarios constructores
(acaso algunos prestanombres de funcionarios del propio Gobierno) e incluso
periodistas metidos a constructores, quienes además recibieron estratosféricas
cantidades que no pueden comprobar con trabajo alguno realizado.
¿Por qué se cree
que habrá detenidos y encarcelados? Porque la denuncia no fue presentada ante
la Procuraduría General del Estado, por no ser de su competencia, donde podría
haber alguna indicación o recomendación de que se proteja a algunos o a todos
los involucrados, y porque la Procuraduría General de la República (PGR) ya
está investigando. O sea, ya no puede haber marcha atrás.
Como el propio
Buganza lo adelantó, la PGR, a través del personal del Ministerio Público de la
Federación en Xalapa, investiga 18 denuncias, para lo cual se ha constituido
físicamente en diversos puntos del estado a fin de comprobar y dar testimonio
de que no se hicieron las obras que funcionarios reportaron como construidas, y
se integran los expedientes que serán consignados a la judicatura de la Federación.
Si las denuncias
se presentaron ante la PGR es porque el fraude se cometió con recursos
federales, aunque también los hay del estado. El delito está plenamente
configurado, pues de acuerdo a la Ley se da un adelanto de 30 por ciento luego
de que se asigna la obra y cuando el constructor amortiza, esto es, comprueba
que ya los ejerció plenamente, se constata el avance físico de la construcción
y si se construyó más de lo que el anticipo cubría, se hace una estimación para
pagar el excedente.
De
cómo se cometió el fraude, el titular de la SIOP puso como ejemplo la denuncia
AP/PGR/VER/XAL/II232/2013 en relación la reconstrucción del camino
Independencia-Pompeya-Arroyo de Fierro en el municipio de Martínez de la Torre,
donde la empresa constructora recibió recursos económicos por 10 millones 758
mil 724 pesos, que representaban el 84.01% del costo de la obra, y nunca
realizó trabajo alguno, aunque se reportó que ya casi estaba para concluirse.
Un
día después, se sabe que diputados “amigos” del PRI habían advertido a
colaboradores de Buganza que otros diputados priistas y algunos de la oposición
“amiga” presuntamente cilindrados por alguien externo se le iban a ir de frente
durante su comparecencia, pero que cuando vieron que iba en serio se frenaron. Lo
que no sabían era que Buganza iba dispuesto a
encuerarlos públicamente, pues llevaba suficientes documentos que los
comprometen, por lo que además de que iba blindado llevaba suficiente metralla
para defenderse.
Sobre
el caso, ayer hubo dos reacciones. El ex titular de la Secom y nuevo diputado
local Raúl Zarrabal Ferat se limitó a responder a los reporteros: “Hoy soy
diputado local, como diputado contesto que nos da mucho gusto que le dé
seguimiento a todo. A muchos diputados nos hubiera gustado ver más la obra que
sabemos que ha realizado la SIOP, sabemos que ha habido muchas obras, era una
oportunidad para externarlo”. Sus palabras no requieren más comentario. ¿O sea,
hubiera sido mejor que se hubiera concretado a decir lo que se hizo y no lo que
se dejó de hacer por actos de corrupción?
Por
su parte, el diputado del partido Alternativa Veracruzana (AVE) y presidente de
la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Francisco Garrido Sánchez, declaró
que es preocupante que el ex auditor general del Órgano de Fiscalización
Superior, Mauricio Audirac Murillo, ahora ocupe el cargo de Contralor General
del Estado, “cuando hubo muchas irregularidades en la que fue Secretaría de
Comunicaciones que no se reportaron en las cuentas públicas”.
Tres
cosas más. Una, Buganza pudo hacer la denuncia porque tiene autoridad moral.
Para usar una frase que dijo al inicio de la administración, no ha metido la
mano en el cajón. Quién sabe cuántos más pueden presumir de ello. Dos, quién
sabe si lo han pensado en el Gobierno, pero con su valiente denuncia, le quitó
golpe o fuerza a lo que va a decir Miguel Ángel Yunes Linares el próximo
domingo a propósito del Tercer Informe. Quiérase o no, el gobierno de Javier
Duarte pasó de las palabras a los hechos en su combate a la corrupción, al
hacer su paisano cordobés la denuncia penal.
Tres,
comentario aparte, con su decisión de actuar, el Gobierno de Veracruz, porque
así lo planeó o por mera chiripa, se puso en línea con el Gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto de actuar motu proprio contra las irregularidades cometidas por funcionarios anteriores,
como hizo en Tabasco con el ex gobernador priista Andrés Granier y su pandilla,
pues se procedió por iniciativa del Gobierno federal y no por denuncia del
gobernador perredista Arturo Nuñez, como lo aceptó éste el pasado jueves 21 en
declaraciones a Carmen Aristegui, y como ya lo había dicho el pasado 28 de mayo
el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
En
el caso, a finales del año pasado el director del Hospital del Niño de Villahermosa
advirtió que se iban a declarar en emergencia médica porque no tenían oxígeno
para operar, por lo que la secretaria de
Salud federal Mercedes Juan López investigó y detectó que había un desfalco de
mil 500 millones de pesos que le habían entregado a Granier, debido a lo cual
ella misma y el entonces subsecretario de Gobernación Eduardo Sánchez, hoy
vocero presidencial, viajaron a Tabasco para alertar a Nuñez. Granier está
detenido y bajo proceso.
Con
esto último que consigno, lo que se advierte es que en el Gobierno federal no
están dispuestos a solapar ningún acto de corrupción, por muy priistas que sean
los involucrados, y que al gobierno de Javier Duarte le cayó ahora de perlas la
gran oportunidad de demostrar a Peña Nieto que en esa batalla está con él, a su
lado, y que lo demuestra con hechos. Seguramente no la dejará pasar.