Prosa aprisa
Con tickets de gasolina quieren tapar desvíos
Arturo Reyes Isidoro
Me pregunto quién es
el contralor interno de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno del
Estado.
Y me pregunto también
qué control ejerce sobre el manejo de los recursos públicos en esa dependencia,
si no está enterado de lo que administrativamente pasa ahí.
Otra interrogante que
me hago es cómo es que no previó el cierre de la administración y los trabajos
preparativos para entregar a tiempo, sin sobresaltos, en forma correcta y todo
bien sustentado con las pruebas correspondientes.
Yo pasé por la función
pública y recuerdo bien que contralores internos responsables y profesionales
nos alertaban con toda anticipación para que tuviéramos todo listo a fin de que
cuando se iniciara la entrega-recepción quedara pendiente solo lo que se
generara en el último mes, pero que era fácil integrarlo al paquete completo.
Las preguntas son
porque en pleno proceso de entrega-recepción y faltando solo una quincena para
que entreguen el gobierno y las dependencias, ya solo 11 días hábiles, en el
Departamento de Recursos Materiales de esa Secretaría es la hora en que no
acaban de cuadrar sus cifras y han recurrido a un recurso que, creo, puede caer
en acto de corrupción.
El titular de la
Sedesol estatal es José Rodrigo Marín Franco, aquel que cobró notoriedad el 5
de marzo de este año cuando calificó a la hoy senadora con licencia y futura
nueva Secretaría de Energía, Rocío Nahle, como una “mitotera” (“no sabe hacer
otra cosa”) y “ridícula”. No la bajó de “diputada mitotes” porque la mujer
denunció que se desviaban recursos a través de tarjetas de descuento Chedraui.
Quién sabe si este
hombre ignora lo que sucede en la dependencia a su cargo o si participa en el
mejunje que cocinan sus subalternos Juan Antonio Yñiguez Mestizo y Adriana
Medina Patiño.
Estas personas presuntamente
tienen un faltante de 6 millones de pesos que no pueden comprobar y entonces,
en un acto desesperado, han podido recabar o comprar tickets de consumo en
todas las gasolinerías de Xalapa para tratar de cubrir el faltante.
“Prosa aprisa” tiene
imágenes que muestran cómo el personal del Departamento de Recursos Materiales a
marcha forzada está tratando de acomodar los tickets en hojas blancas por
supuestos viajes de trabajo con itinerarios inventados, de tal forma que no
despierten sospecha de que son recientes, por lo que pegan y despegan con el
viejo método del algodón con agua para que no se les maltraten, un método que
conocen muy bien los contadores, acción que realizan a plena luz del día y
prácticamente a la vista de todos incluyendo morenos que ya merodean por
pasillos.
Otra gran pregunta es
¿qué dueño de gasolinerías, o cuántos dueños de diferentes vendieron los
tickets y en cuánto, o fue un negocio de sus administradores? ¿Acaso no sabían
que con ello estaban solapando actos de corrupción?
Se esperaría que sean
los auditores del Orfis los que detecten las irregularidades, porque tal parece
que tanto la contraloría interna como la Contraloría General del Estado están
encubriendo la situación.
El hecho de que
todavía no puedan comprobar el uso de recursos sería una de las explicaciones
porqué a horas de iniciarse el proceso de entrega-recepción, el Contralor Ramón
Figuerola Piñera modificó los lineamientos en la materia.
Así, el 30 de octubre
estableció, entre otras cosas, que “En el caso de que no se
pueda determinar con certeza el monto real del pasivo o no se cuente con el
soporte documental suficiente (sería el caso de la Sedesol al que me refiero),
como son facturas o estimaciones de obra, el registro se realizará en el
momento que se cumpla con las condiciones señaladas”.
Una de las divisas de la administración que está por
salir fue la de la transparaencia y la del combate a la corrupción.
Pero las mencionadas no
son las únicas anomalías en la Sedesol estatal.
A finales de 2017,
dizque con el pretexto de combatir la pobreza, se programó un incremento
desmesurado al desarrollo social para 2018.
Ello hizo
que el entonces coordinador de la bancada del PRI, Juan Nicolás
Callejas, dijera que no había una explicación razonable ni sensata sobre
el aumento de más de 590% que se observaba en los recursos previstos para la
Secretaría de Desarrollo Social.
“Nos llama
poderosamente la atención que, a diferencia de lo que nos fue informado en la
Glosa del Primer Informe de Gobierno, el aumento en el techo presupuestal esté
orientado para cubrir la plantilla de personal que operará los programas
sociales, y no más bien en fortalecer y ampliar los programas y apoyos en sí”.
El monto
fue cuantioso aunque en realidad los recursos se desviaron para comprar miles y
miles de despensas como parte de la promoción de la candidatura de Miguel Ángel
Yunes Márquez a la gubernatura del Estado. Es la hora en que no saben cómo y no
pueden justificar tanto desvío.
Y los jefes agandallan bases
Adriana Medina Patiño
es la mujer a la que me referí recientemente quien junto con Eduardo Vargas
Sánchez, Director General de Coordinación para el Combate a la Pobreza
presuntamente desaparecieron 1050 bienes que estaban distribuidos en las
delegaciones del cacareado programa Veracruz Comienza Contigo, programa que no
cumplió su cometido pues los números del Coneval indican que Veracruz está por
los suelos en el tema del combate a la pobreza.
La Sedesol estatal no
escapa a la fiebre de basificación que practican en todo el gobierno saliente y
a punto de irse, lo que tiene irritados a los verdaderos trabajadores y con
derechos y antigüedad.
Entre los beneficiados
estarian Elida Ahued Romero, Directora General de Infraestructura Básica, su
secretaria particular Melina González Dorantes, la mencionada Adriana Medina
Patiño, Juan Antonio Yñiguez, Fernando Dauzón (de la Oficina de Caja) y
Francisco Téllez Cortés, adscrito a la Unidad Administrativa, todos ellos funcionarios
de la Unidad Administrativa que encabeza María José Noriega Mañez.
Esta última está
considerada como una persona muy cercana a la extitular y ahora senadora Indira
Rosales y por eso se mantiene como titular de la Unidad Administrativa y responsable
de autorizar las adquisiciones. Otros beneficiados con la basificación serían
Edmundo Chávez Montes, secretario privado del Secretario, y Mariana Galindo
Rebolledo, asistente del Secretario, además de Miguel Ángel Hidalgo Cruz, de la
Oficina del gris Secretario, José Rodrigo Marín Franco.

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