Puro cuento el presunto castigo

Prosa aprisa

Puro cuento el presunto castigo

Arturo Reyes Isidoro

En México el país y en Veracruz el estado, no creo que no haya un solo ciudadano, en especial un solo causante de impuestos, que no quiera que se combata en serio la corrupción oficial y que se castigue a los malos funcionarios que abusan de los recursos públicos, así como que se les obligue a que devuelvan lo mal habido.

En especial en nuestra entidad el tema está de moda como de moda está también que supuestamente las autoridades federales y el partido en el poder investigan a las de Veracruz por un cuantioso desvío de recursos y se disponen a actuar en consecuencia tanto por la vía legal como estatutaria, con cárcel y con la expulsión en cada caso.

Pero la fuerza de los hechos y la experiencia hace que los mexicanos –y los veracruzanos– nos hayamos vuelto desconfiados, incrédulos en especial de los gobernantes y de los dirigentes políticos y que ya no esperemos nunca que cumplan lo que ofrecen, por más que uno les quiera creer.

Se han gastado ríos de tinta en los medios impresos, cantidades exorbitantes de pixeles en los medios digitales y muchas horas en los medios electrónicos en los supuestos de que el gobernador Javier Duarte de Ochoa y varios integrantes de su gobierno están a punto de ir a prisión por los faltantes que hay en su gobierno y la exhibición de su riqueza incluso con propiedades en el extranjero.

En este mismo espacio me he hecho eco de las declaraciones lo mismo del Auditor Superior de la Federación que del dirigente nacional del PRI, así como de otros actores políticos que anuncian denuncias contra funcionarios del gobierno de Veracruz o que demandan a la Procuraduría General de la República que actúen y que no permitan la impunidad.

En mi caso personal ha habido ocasiones en que he llegado a creer que las intenciones van en serio, hasta que me estrello contra la triste realidad y casi me doy por vencido y me pregunto si vale la pena seguir haciéndome eco de las denuncias y señalamientos así como de sumarme al coro de los que exigen justicia.

Para nada aceptaría que estoy en plan pesimista, sino que con toda frialdad analizo hechos y circunstancias y éstos no me dejan ninguna duda de que por la vía legal que ahora se sigue en el caso de Veracruz nunca antes una autoridad federal ha actuado contra nadie y no veo por que ahora sí tendría que hacerlo.

Me remito al mejor testimonio que avala lo que digo. Ayer el diario El Universal publicó, con base en una entrevista con el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, que en 16 años se han presentado 700 denuncias ante la Procuraduría General de la República –636 están en proceso de integración; hay 25 consignadas; 18 están sujetas a juicio de amparo; 9, en reserva, y 12, sin acción penal– y en ninguna de ellas se ha concluido con la imposición de sanciones penales a los responsables de los desvíos.

Destaca la nota –es tema de moda– que entre las denuncias presentadas del año 2000 a la fecha están las últimas 24 contra el actual gobierno de Veracruz y que Portal –creo que candorosamente– reveló en ese contexto que la procuradora general Arely Gómez le ofreció recientemente dar atención a las denuncias pendientes de desahogar durante los últimos 16 años.

Si como el sentido común lo dicta se tendría que empezar de atrás para adelante, esto es, a partir de la primera denuncia –se supone que la justicia no es selectiva–, de tal forma que cuando se desahoguen las 676 que van por delante, en una de esas quien quita y ya Javier Duarte y asociados ya ni viven.

Cuando se le preguntó si le gustaría ver en la cárcel a algún funcionario responsable, claro, respondió: “¡Me encantaría!, igual que a cualquier ciudadano, a muchos, a muchos que hayan actuado mal”.

Y entonces se desinfla el globo. Leamos:

“—¿Advierte alguna omisión del Ministerio Público federal en el tratamiento de estas denuncias?

—No, en absoluto. Mire, hace unos días tuve una reunión en la PGR y tienen ellos cerca de 90 mil, déjeme decirle, nos dan cierta prioridad, pero es muy relativa, tienen una estructura muy grande y se hace una distribución entre todos los ministerios públicos, las subprocuradurías, etcétera, y entonces las nuestras están en un cajón particular, pero adicionalmente creo que les están dando una atención, no le voy a decir que especial, pero sí les están dando atención.

—¿Hubo el compromiso de la procuradora Arely Gómez de acelerar estas investigaciones?

—No de acelerarlo, sino lo que puedan hacer ellos, porque nos pasa a nosotros igual: algunos gobiernos o algunas entidades nos piden ‘oye, apúrate con las mías’, y (les digo) es que tengo todas, no puedo particularmente de esto...”.

Pero, eso sí, dijo que hay “la voluntad” para desahogarlas. Ya lo dijo el propio Auditor, las denuncias están en un cajón particular. ¿Alguien cree en serio que se van a mover de ahí? ¿Por qué Duarte tendría que ser la excepción si no han actuado nunca antes contra nadie más? Javier se va a ir vivo, impune, a salvo. Por más que me digan que van en serio, es puro cuento.

Otro elemento para desconfiar es lo que se publicó también ayer en el mismo periódico en la columna “Bajo Reserva” y que precisamente se titula “El PRI y la corrupción”. El texto es muy claro y creo que está en lo cierto:

“Vaya lío en el que se encuentra el PRI. Nos explican que para poder suspender los derechos como militantes de los cuatro gobernadores y ex gobernadores que están bajo sospecha de corrupción: Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge y Rodrigo Medina, se deberá demostrar primero su culpabilidad. Hace apenas unas semanas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció que es inconstitucional un artículo del Código de Justicia partidaria del PRI, que establece que de manera excepcional ‘si la gravedad del caso lo amerita, acordará la suspensión provisional de los derechos del infractor, hasta en tanto se dicta la resolución definitiva’. Este apartado, según los magistrados, es contrario al principio de presunción de inocencia por lo que no cabe ni la expulsión ni la suspensión inmediata y tendría que haber sentencia judicial de por medio”.

Se remata: “Sin embargo el temor en algunos sectores del PRI es que el tricolor ha vendido con bombo y platillo la imagen de que está en medio de una lucha contra la corrupción interna, por lo que si las autoridades no se dan prisa, como suele suceder, la promesa de ir contra sus gobernadores señalados quedará como incumplida, justo en el año en que se jugarán elecciones cruciales. Música para los oídos de sus opositores”.

En ese contexto me atrevería a pensar que Duarte y asociados la van a librar. Los que no la vamos a librar somos los causantes, que quedaremos a pagar los platos rotos (aunque todavía nos quedan las elecciones venideras para desquitarnos si se permite la impunidad).

Héctor provoca ruptura en el AVE

Si en el PRI el senador Héctor Yunes Landa va a causar división por su insistencia en ser de nuevo el candidato a la gubernatura en 2018, en lo que queda del AVE logró ya un rompimiento definitivo entre su compadre el dirigente Alfredo Tress y el diputado Francisco Garrido Sánchez, el segundo hombre más importante que fue de esa organización.

Garrido envió ayer una carta a los militantes de esa corriente luego de que Tress le refrendara a su compadre de manera pública su respaldo a nombre de todos los miembros de lo que queda del AVE para acompañarlo una vez más en su proyecto de contender por la gubernatura.

“… Tendremos que seguir participando a través de otro proyecto político, pero lejos de este tipo de seudolíderes (refiriéndose a Tress y su grupo político). Hago un llamado a aquellos (miembros del AVE) que se mantuvieron con dignidad y que no fueron cómplices de esta camarilla, para que en un futuro próximo coincidamos trabajando en favor de Veracruz. Por lo pronto mi renuncia es pública e irrevocable”. 

En su campaña, Yunes Landa destapó públicamente a Tress como quien iba a ser el Secretario de Gobierno de su administración.

Garrido Sánchez ha aparecido en distintos eventos en apoyo al otro senador priista, José Francisco Yunes Zorrilla, quien en este momento encabeza las preferencias para ser el candidato del PRI a la gubernatura en el 2018.