Prosa
aprisa
Llegó la
hora de apretar
Arturo Reyes Isidoro
Para usar un término musical, el
asunto va in crescendo. Primero, el
gobernador Javier Duarte de Ochoa salió a decir el lunes pasado, a propósito de
las manifestaciones por la reforma educativa, que no había que confundir
tolerancia con faltar a la observancia de lo que la ley señala.
Al día siguiente, el martes, el
secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, confirmó que el secretario de
Educación, Adolfo Mota, analizaba si habría sanciones contra los profesores
paristas.
Ayer miércoles, mediante un
boletín de prensa oficial, se informó que la Secretaría de Educación de
Veracruz (SEV) aplicará, a partir de este jueves 10, descuentos a los maestros
que se ausenten sin justificación alguna de sus centros de trabajo.
El comunicado agrega que en caso
de que los mentores falten tres días consecutivos o discontinuos en un periodo
de 30 días a su trabajo, esto es, a dar clases, entonces se procederá a su
rescisión laboral, como lo establece la Ley Federal del Trabajo, la cual data
de 1970, como lo recordó el secretario de Educación Emilio Chuayffet el lunes
al comparecer en la Cámara de Senadores.
Sin que tenga la versión
confirmada pero sí fuertes indicios de que ese fue el acuerdo, eso habría sido
lo que trataron el titular del Ejecutivo estatal y el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el viernes pasado, reunión de la que
aquí comenté.
En principio, el gobernador
Duarte de Ochoa quiso matizar el tono de su dicho comentando que en el estado
se privilegia el diálogo “para tratar de superar diferencias y alcanzar
consensos”.
Luego de sobarles el lomo a los
que no regresan a clases y continúan con sus movilizaciones diciéndoles que hay
respeto total a su postura (la de la inconformidad, lógicamente), que también
“ha tenido reflejo” en algunos puntos de la entidad, vino el cabronazo verbal:
sí, pero si no, el “gobierno está obligado a hacer prevalecer la ley”.
El Gobernador no se anduvo por
las ramas. Reconoció al Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, pero dijo
muy claramente que no comparte las causas que defiende, ante las cuales ha sido
respetuoso y tolerante en su manifestación.
“Indicó que se ha apostado por el
diálogo para encauzar mediante las vías correspondientes las inquietudes y
planteamientos de los maestros que están sumados a esa expresión. Sin embargo,
aclaró, no hay que confundir tolerancia con faltar a la observancia de lo que
la ley señala; en ese sentido, el gobierno tiene la obligación de cumplir y
hacer cumplir lo que las leyes mandatan (sic,
pero así dice el boletín oficial)”.
Erick Lagos, por su parte,
aseguró que el 95% de las escuelas del estado está trabajando y afirmó que
“todo está en paz y en armonía”.
Ayer la SEV exhortó a los
maestros que mantienen acciones de protesta a que retornen a las aulas “de
manera inmediata, con el fin de privilegiar el derecho universal de las niñas y
los niños a recibir educación”.
Manejándose como se manejan las
cosas en el sistema de gobierno en el país, cabe pensar –y creer– que apretar a
los inconformes es una acción concertada entre la Federación y los estados y
que vendrán días de tensión porque, ahora sí, se va a proceder.
Un seguimiento de las protestas,
de las movilizaciones y de los bloqueos en el estado muestran que, en efecto,
hasta ahora el gobierno de Duarte de Ochoa fue tolerante; que se dialogó con
las dirigencias de los sindicatos oficiales, por llamarles de alguna manera,
pero también con representaciones de los grupos inconformes, pero que llegó la
hora de apretar en el país y él no piensa ni va a desentonar.
La tarea que le espera al titular
del ramo en el estado, Adolfo Mota Hernández, no será nada fácil ni agradable.
Pero como sobre advertencia no hay engaño, el jurídico de la SEV debe estar
trabajando, desde ya, horas extra. Ta vez ahora de las calles se pase a los
tribunales.
Algo que llama la atención en
medio de todo esto: se ha informado ya también que se han presentado denuncias
formales contra quienes han bloqueado vías de comunicación, han tomado casetas
de peaje, han tomado edificios y escuelas y causados otros daños. Quizá sea
otra medida para acabar de cerrar la pinza, ejerciendo órdenes de aprehensión.
Quizá. Ya se verá en las horas y en los días por venir. Habrá que estar
atentos.
Otra versión más
Que si patatín que si patatán.
Dos leídos columnistas, Raymundo Jiménez y Luis Velázquez, apreciados
compañeros además, se han ocupado ya del tema y han dado sus versiones.
La presunta agresión del ex
rector Víctor “El canelo” Arredondo Álvarez en contra de su homólogo el también
ex rector Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez sigue siendo tema de conversación en
los mentideros de Xalapa, donde se dan, a su vez, versiones que estarían
corregidas y aumentadas.
Ayer mismo, en una comida donde
estuvieron varias personalidades de las finanzas, la política y el periodismo
de la capital del estado, escuché otras historias del caso. Pero hay una
versión más, que sería la que le habrían dado a la máxima autoridad política
del estado, por lo que tal vez se le podría considerar la versión “oficial”.
Los hechos habrían ocurrido la
tarde del 4 de septiembre, aquel día en que siete de los ocho ex rectores que
viven fueron a darle su respaldo a la nueva rectora Sara Ladrón de Guevara
(sólo no estuvo presente Salvador Valencia Carmona, aunque también mandó a
decir que estaba con la primera autoridad).
Luego del saludo, los ex rectores
Raúl Arias Lovillo y Aguirre Gutiérrez acordaron comer juntos y para ello se
fueron a un restorán de Coatepec, especializado en mariscos.
Los servicios de inteligencia de
Arredondo se enteraron y éste fue hasta allá junto con el también ex rector
Rafael Hernández Villalpando, el notario Rafael Ortiz Castañeda y el hermano de
un funcionario de la Secretaría de Educación estatal.
El objetivo de la agresión era
Arias Lovillo, pues lo responsabilizan de haberle jugado chueco a Arredondo y
de que por su culpa no llegó a la rectoría de nuevo. Carlos Manuel lo que hizo
a la hora de la agresión fue haber intentado defender a su compañero de mesa y
sacó la peor parte.
En lo que sí coinciden todas las
versiones es que cuando Aguirre Gutiérrez se presentó a presentar una denuncia
a la dependencia donde él mismo trabaja, la Procuraduría de Justicia del
Estado, ¡no se la tomaron!, quién sabe por instrucciones de quién.
Lo que también es cierto es que
no deja de ser un hecho vergonzoso y reprobable y que entre la comunidad
universitaria cada vez que sale a la plática el tema todos exclaman ¡de la que
nos salvamos!
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