Prosa aprisa
Veracruz tiene que
devolver 21 mil mdp a la Federación
Arturo
Reyes Isidoro
Era lo único que faltaba. De
las observaciones dadas a conocer ayer por la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) hechas al Gobierno del Estado con impacto económico pendientes
de solventar 2011-2013, del monto observado 2014, del importe de procedimientos
resarcitorios, y del monto de denuncias penales relacionadas con la simulación
de reintegros, todo por un monto total de 35 mil millones 421 mil pesos, de
entrada 21 mil millones 372 mil pesos se tienen que devolver.
De esa suma, sólo 14 mil
millones 47 mil pesos están en periodo de solventación. Para ello, el Gobierno
del Estado, las diversas Secretarías de Despacho involucradas, sus titulares,
tienen 60 días para comprobar en primera instancia, aunque pueden pedir una
ampliación de otros 45 días, luego de lo cual si no lo hacen se harán
acreedores al fincamiento de responsabilidades que pueden llegar a la instancia
penal.
En pocas palabras, la
administración estatal y varios funcionarios del Gobierno del Estado, en
especial el Fiscal General del Estado, el Secretario de Finanzas y Planeación y
diversos secretarios de despacho están en serios problemas, porque resultan los
responsables del desvío de recursos o de peculado, el primero por haber
absuelto a muchos involucrados en los faltantes de los años 2011, 2012 y 2013.
El 22 de junio del año pasado, en
conferencia de prensa, el gobernador Javier Duarte de Ochoa informó que resultado de los procesos de revisión a las cuentas públicas de los años
2009, 2010 y 2011 (no incluía 2013), “así como por las evidencias obtenidas y
derivado de la información que se ha puesto al alcance de la Fiscalía General,
el titular de dicho órgano autónomo hizo de su conocimiento que las denuncias
de hecho han quedado sin materia al comprobarse la correcta aplicación de los
fondos federales”, con lo que absolvió a los directamente responsables.
Por lo dado a conocer ayer, ocho meses después, se
desprende que la ASF se ha inconformado por esa determinación y ha apelado y
por eso reportó que están pendientes de solventar 13 mil millones 456 mil pesos
de las cuentas públicas 2011-2013, o sea que para ella están abiertos los
casos, aunque ahora, aunque diversos funcionarios hayan sido los directamente
responsables del mal uso de los recursos, al haberlos absuelto el Fiscal Luis
Ángel Bravo Contreras él es el único responsable y quien deberá responder, por
lo que está metido en más que un serio problema. Ese monto se tiene que
devolver o habrá responsabilidad penal, aparte de la administrativa.
El importe de procedimientos resarcitorios por 3 mil
millones 148 mil pesos no tiene vuelta de hoja. Se tienen que devolver a
fuerza. Eso ya lo había dicho el Contralor General del Estado, Ricardo García
Guzmán. Así como también los 4 mil millones 770 mil pesos que simularon que se
habían devuelto, en lo que estarían involucrados el ex Secretario de Finanzas
Mauricio Audirac Murillo así como el ex Subsecretario de Egresos Carlos Aguirre
Morales, entre otros.
De lo dado a conocer ayer, de los 17 estados del país y
del Distrito Federal que resultaron con observaciones, Veracruz es el que más
tiene.
La acción no puede desasociarse de la visita que el
entonces senador Héctor Yunes Landa hizo el 29 de septiembre del año pasado al
Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, cuando acusaba
al gobernador Javier Duarte de actos de corrupción y de tener encima a la ASF
en la revisión de sus cuentas públicas, lo que se negaba, pues se alegaba que
se había solventado todo correctamente, según el Fiscal del estado.
En esa fecha, Yunes Landa a través de su cuenta de Twitter informó de su reunión en dicho órgano
encargado de supervisar las cuentas públicas de las entidades de Gobierno,
subió una fotografía donde se le veía con Portal y entrevistado al término de
la reunión, dijo: "Fue una larga plática con el Auditor, le dije que estoy
interesado en que se aclare y castigue a quien sea responsable del desvío o mal
manejo de recursos federales (en Veracruz)".
Luego se sabría que antes que Héctor ya había estado con
el auditor el entonces diputado federal Miguel Ángel Yunes Linares para tratar
el mismo tema (les habría dicho a los Yunes que se trataba de “un mal de
familia”), y que presionado por ambos legisladores había terminado por aceptar
que sí, que sí estaban abiertas las denuncias. Ayer se supo que sí.
La preocupación de los Yunes era (es) porque cualquiera
que llegue al Gobierno del Estado sufrirá las consecuencias ya que de no
devolverse el dinero se les descontará de las participaciones federales que les
correspondan al gobierno que encabecen, con lo que los limitarán más de lo que
ya estarán por la deuda y los compromisos pendientes de pago que van a heredar.
La noticia no podía llegar en el peor momento, cuando la
administración pública estatal enfrenta una seria crisis de recursos, tiene
muchos reclamos de adeudos pendientes y prácticamente está paralizada por no
contar con lo más elemental para trabajar, además de que hay inconformidad
social por el clima de impunidad que prevalece con respecto a muchos
funcionarios señalados y a los que a toda costa se trata de proteger.
Hasta anoche no había una reacción oficial a las
observaciones que se hacen, por lo que habrá que esperar este jueves para saber
qué se dice al respecto.
La situación hacia adentro del Gobierno es muy
complicada. Corre la versión de que algunos secretarios de despacho ya no
quieren estar, que han presentado sus renuncias pero que no se las han
aceptado. Lo que ellos dicen es que no quieren cargar con muertos ajenos.
Para colmo, ayer se anunció
una noticia que debió haber caído como balde de agua fría en la administración
estatal, fuente de financiamiento –es un decir– lo mismo de programas oficiales
que de su partido (porque estamos en plena época electoral): La Secretaría de Hacienda anunció un recorte al gasto público por 132.3
mil millones de pesos para este mismo año, equivalentes a 0.7 por ciento del
Producto Interno Bruto.
Se dijo que la mayor
parte del recorte ocurrirá en Pemex, donde el ajuste será por 100 mil millones
de pesos, explicó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, lo que lleva a
pensar que impactará en los estados petroleros, como Veracruz, donde ya de por
sí ha habido fuerte recorte de trabajadores de la industria, lo mismo en la
región de Poza Rica que en la zona sur del estado, lo que hizo perder al PRI en
la pasada elección federal los distritos de Coatzacoalcos y Poza Rica a manos
de Morena.
Además, se informó que el ajuste al gasto de las
dependencias del Gobierno Federal se concentra en el gasto corriente
representando el 60 por ciento del total y aunque por las modificaciones al
gasto no habrá un mayor número de despidos de personal del Gobierno federal, de
todos modos unos 15 mil burócratas perderán su empleo, tal y como se había
anunciado desde el año pasado.
Blindarán
programas sociales
Este jueves, la Secretaría de Desarrollo Social del
Gobierno del Estado y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) firmarán
un convenio de colaboración para establecer las bases, mecanismos y acciones
con el fin de prevenir, proteger y vigilar que la operación de los Programas
Sociales de la Secretaría no sean utilizados con fines distintos a su objetivo.
La firma se realizará a las nueve de la
mañana en la Sala de Juntas de la Sedesol. Participarán el secretario de
Desarrollo Social, Alfredo Ferrari Saavedra, y el consejero presidente del
Consejo General del OPLE, José Alejandro Bonilla Bonilla.
La idea, según se maneja, es que los
programas sociales no sean desviados para apoyar a candidatos o partido
político alguno durante el proceso electoral en curso. Para ello, el personal de la Sedesol recibirá
capacitación con el fin de evitar que por desconocimiento incurran en conductas
que puedan malinterpretarse como delitos electorales.
A propósito de programas sociales, estuvo
ayer en el puerto de Veracruz el director general de Liconsa, Héctor Pablo
Ramírez Puga Leyva, para encabezar la inauguración de un punto de venta del
Programa de Abasto Social de leche a cargo de su dependencia, que beneficiará a
por lo menos 265 familias de la colonia Las Caballerizas del puerto jarocho.
Con la representación del gobernador Javier
Duarte asistió el titular de la Sedesol estatal, Alfredo Ferrari Saavedra, e
intervino también la nueva federal de la Sedesol, Anilú Ingram Vallines. Ramírez
Puga dijo que de acuerdo con el Instituto de Salud Pública, la leche que
distribuyen los centros de abasto ha logrado que los niños mexicanos tengan
mejor crecimiento y aseguró que Veracruz tiene todo el apoyo del presidente
Enrique Peña Nieto para abrir las lecherías que sean necesarias.
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