Prosa aprisa
La afrenta de la
delincuencia; la respuesta oficial
Arturo Reyes Isidoro
El viernes por
la mañana vi pasar raudo por el centro de Xalapa un convoy compuesto por varias
camionetas grandes que seguían a otra en la que me pareció ver que viajaba el
Gobernador; casi podría afirmar que era él, quien iba hablando por teléfono. Me
recordó los convoyes que seguían a Javier Duarte o a Arturo Bermúdez Zurita.
Luego de lo que había ocurrido un día antes no me extrañó presenciar la escena.
Creo que Miguel Ángel Yunes Linares se la juega en serio y corre riesgos.
Al reto y
la más grave afrenta que han recibido el Gobierno del Estado y el Ejército en
la historia de Veracruz por parte de la delincuencia, sea organizada o no,
respondieron horas después, casi en seguida, el propio mandatario y el Instituto
Armado.
El jueves
se dio la noticia de que cuatro funcionarios de la Dirección de Tránsito
Municipal y Protección Civil de Boca del Río habían perdido contacto con sus
familias desde la noche anterior, o sea desde el miércoles.
La
camioneta en la que viajaban al momento de su desaparición fue hallada el
jueves abandonada en transitada avenida del bulevar turístico de la ciudad.
Horas después de ese día, los funcionarios aparecieron sanos.
Si el hecho
en sí era preocupante por el poder, la fuerza y la capacidad de operación que
estaba mostrando la delincuencia, provocando, retando al Gobierno del Estado y
a su titular en su propio terreno, en la ciudad y el municipio corazón, asiento
de su poder, lo era más porque uno de los desaparecidos, presuntamente
“levantado”, secuestrado, era un relevante General retirado del Ejército, por
lo que la afrenta era también para el Instituto Armado.
El General
de División Diplomado de Estado Mayor Presidencial, Martín Cordero Luqueño, exComandante
de la Sexta Región Militar que abarca los estados de Tlaxcala, Puebla y
Veracruz, que también había comandado la Novena Región Militar en Guerrero,
quien recibió la Medalla Veracruz en 2015 y quien pasó a retiro en diciembre de
ese mismo año en un acto que encabezó el propio Secretario de la Defensa
Nacional, un militar no cualquiera, fue blanco fácil de los delincuentes con lo
que, de paso, los malos exhibieron la débil defensa oficial que hay para
proteger a la población.
Seguramente
por cuestión de honor, porque el grave hecho en si significó una humillación
para el mílite en retiro, pero mílite al fin y al cabo, de élite, así como para
el propio Ejército, el General negó después que hubiera sido privado de su
libertad y, según él, lo que ocurrió fue que una camioneta les cerró el pasó y
entonces junto con sus acompañantes se bajaron de su vehículo y huyeron en
taxi. Negó que lo hubieran “levantado” pero aceptó que hubo un incidente e
incluso dijo que “probablemente” era una amenaza. Al día siguiente, cuando
apareció en un acto lo custodiaban ya elementos de la Fuerza Civil del Estado.
Pero su
versión ya había quedado en el aire desde que fuentes del Gobierno habían
confirmado la especie y horas después un breve comunicado del Grupo de
Coordinación Veracruz (GCV, de seguridad) reconfirmó lo que había sucedido.
Incluso se dijo que corporaciones de seguridad federales y estatales buscaban
localizar a los autores, “que la mañana de este jueves lo privaron ilegalmente
de su libertad”. La confirmación de lo ocurrido pudo haberse debido a la
disposición del Gobernador de no ocultar nada.
Un día
después, entrevistado el propio titular del Ejecutivo sobre el desmentido que
había pretendido el General Cordero Luqueño, no respondió a la pregunta y se
concretó a remitir al comunicado del GCV.
Para
fortuna de los funcionarios, sus captores les perdonaron la vida y los
devolvieron con bien –a veces para un militar eso es peor, por la afrenta que
carga consigo debido a la humillación sufrida–, no se descarta que con algún
mensaje directo y especial, pero la aparente supremacía de la delincuencia
sobre las fuerzas oficiales inflingió un daño más serio a la imagen del
Gobierno del Estado ante la percepción ciudadana de que no puede con los
malosos.
La reacción de los gobiernos
La reacción
oficial tanto por parte del Gobierno Federal como del Gobierno del Estado no se
hizo esperar.
El viernes
mismo por la noche llegó a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río la Policía
Militar, que había estado solicitando el Gobernador, pero indudablemente como
una respuesta del Gobierno Federal a través del Ejército a lo ocurrido. Esa
policía es un cuerpo de élite del Ejército y su llegada refleja la gravedad de
la situación en materia de inseguridad que se presenta en Veracruz.
El sábado,
el propio gobernador Yunes Linares ofreció una conferencia de prensa para
confirmar la llegada de esa Policía, así como para informar sobre decisiones
que se adoptaron a fin de hacer más eficiente el trabajo de los cuerpos policiacos
en el Estado, se entiende que para ofrecer mayores niveles de seguridad.
Por
supuesto, no faltó su mensaje a los veracruzanos.
Dio a conocer que a finales del mes de marzo su gobierno
recibió la primera parte de los recursos de los fondos federales destinados a
seguridad. Dijo que se empezarán a aplicar preferentemente en tecnología para
el combate a la delincuencia.
Recordó que hace 128 días tomó
posesión como Gobernador del Estado “y me comprometí a resolver el grave
problema de inseguridad que se vive en Veracruz”.
Se defendió y trató de justificarse.
Señaló que la inseguridad es un problema que tiene raíces añejas y profundas,
que no surgió en su administración, pero aceptó que a él le toca resolverlo “y
lo hago con responsabilidad y con decisión”.
Dijo algo que en parte es cierto: que
sí se han logrado algunos avances aunque se han perdido en un escenario de
violencia generalizada, pero el Gobernador reduce todo a la delincuencia
organizada, que “siembra terror con las ejecuciones entre quienes forman parte
de estas bandas”. Eso es cierto pero también lo es que hay robos, secuestros y
homicidios de la población civil.
Comentó que para
enfrentar el problema pidió a la Federación que asumiera la parte de
responsabilidad que le corresponde y también aceptó que la respuesta ha sido
positiva, tanto, digo yo, que están en el Estado en el combate a la
delincuencia el Ejército, la Marina Armada de México, la Gendarmería y ahora la
Policía Militar.
Entonces expresó
algo que también pareciera justificativo: “En
seguridad pública como en los demás retos que los veracruzanos enfrentamos
nadie canta victoria, pero sí podemos señalar con toda responsabilidad que
estamos trabajando intensamente para cumplir nuestros compromisos”.
Dijo que “… lo
hacemos corriendo todos los riesgos, enfrentando todo lo que tenemos que
enfrentar, incluso la incomprensión, dedicando muchas horas, todos los días a
cumplir el compromiso de rescatar a Veracruz del desastre al que lo llevaron
doce años de corrupción y desorden”.
En ocasión
anterior comenté en “Prosa aprisa” que según una versión, semanas antes de
asumir el Gobierno del Estado recibió un mensaje de la delincuencia que le
proponía un acuerdo, un arreglo, un pacto. No sólo lo rechazó sino que ni
siquiera lo quiso escuchar ni saber algo. Los vamos a combatir, es mejor que se
vayan del Estado, habría dicho. Eso explicaría la guerra que vemos y vivimos,
con muchas bajas.
“Nadie canta victoria”, insistió en
su conferencia de prensa del sábado, y agregó: “pero para fortuna de los
veracruzanos quienes hoy cantan derrota verán frustrados sus objetivos”. A
quién o a quiénes se dirigía o se refería. ¿A los delincuentes? ¿A sus críticos
porque no bajan los niveles de inseguridad y violencia?
Sí, no deja de
ser un reto de todos modos la situación que se vive. ¿Y si con el Ejército, la
Marina, la Gendarmería, la Policía Militar, la Fuerza Civil del Estado y la
Policía Ministerial no se avanza, que se hará entonces? ¿A que institución más
se recurrirá si ya están todas las que tienen que estar en el Estado? Todos los
ases ya están sobre la mesa. Ya no hay más.
“Viviremos
seguros. Es mi compromiso. Lo voy a cumplir”, sentenció. Por el bien de Veracruz
y de los veracruzanos, se le desea que tenga éxito y que cumpla.

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