Prosa aprisa
¿Campaña contra la campaña?
Arturo Reyes Isidoro
En el portal cronicaveracruz.com del puerto jarocho,
se publicó el sábado que a través
de un mensaje enviado por guasap, presuntos trabajadores y policías de
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Fuerza Civil iniciaron una
“campaña contra la campaña” del candidato del PAN a la gubernatura Miguel Ángel
Yunes Márquez.
Presuntamente participarían en ese veto cerca de diez mil
elementos entre operativos y administrativos, “más esposas, padres, hermanos y
demás familiares”, quienes argumentarían que de ganar el PAN, “la situación en
el estado continuará siendo la misma, pues continuarán las mismas personas en
el poder”.
Pero el motivo principal serían los “abusos” tanto del padre del
candidato, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, como del titular de la
SSP, Jaime Téllez Marié, al que calificarían de “incompetente”.
Los presuntos promotores de la campaña se quejarían de que ambos
funcionarios han metido a la cárcel a policías como “chivos expiatorios” con el
propósito de ganar votos a favor de su candidato, “mientras los índices de
inseguridad en el estado van a la alza”.
Asimismo, arremeterían contra el fiscal Jorge Winckler, de quien
dirían que “solo sabe meter a la cárcel a puros policías, a los cuales los
inculpan por delitos que no cometieron y les fabrican pruebas para que los
grupos de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas no les reprochen su
incompetencia”.
Se quejarían de que están “solos”. “Nos tenemos que cuidar de
los delincuentes y de los mandos como el subsecretario de Seguridad Pública
Narciso Peña, mejor conocido como (capitán Peña) y del comandante Cordero”.
Presuntamente tendrían temor a ser detenidos e inculpados “y terminar en una
cárcel como los casi 40 elementos estatales los cuales están bajo proceso por
falsas acusaciones o por haber cumplido una orden superior”.
La nota concluye: “Lamentaron que las cosas en la entidad no
hayan cambiado ‘pensábamos que con Miguel Ángel Yunes nuestra situación iba a
cambiar, que nuestro sueldo iba a aumentar porque fue una de sus tantas
promesas de campaña, una de sus tantas promesas incumplidas’”.
La directora general del portal es Rosa María Hernández Espejo,
una reconocida periodista del puerto de Veracruz, con una larga trayectoria
profesional y además muy escuchada porque conduce uno de los noticiarios
radiofónicos matutinos del puerto, a quien, porque la conozco y somos
compañeros desde hace por lo menos treinta y cinco años, le doy crédito.
Creo que esa forma de manifestarse por parte de elementos de la
SSP le ha salido barata al Gobierno del Estado, porque lo que había venido
trascendiendo entre las filas policiacas era que no sólo había un gran
descontento al interior de la corporación sino que también se venía fermentando
una rebelión aunque sus promotores no se decidían si la estallaban antes o
después de las elecciones.
Si el contenido del mensaje guasapero tiene sustento, entonces
optaron por manifestarse antes de los comicios, en forma pacífica pero actuando
donde más daño pueden causar: votando e invitando a votar en contra del
candidato panista.
Quién sabe si las autoridades le darán crédito al guasap, pero
si existe un capitán Peña y un comandante Cordero, solamente los policías y sus
jefes lo saben, y entonces allá ellos si toman nota o no. Pero de que hay un
gran descontento entre operativos y administrativos, se supone que el grupo de
“inteligencia” interno lo sabe y debió reportarlo a sus superiores, a menos que
también estén entre los inconformes y los promotores de la campaña del voto en
contra.
La inconformidad podría crecer luego de los trágicos sucesos de
la noche del sábado y la madrugada del domingo en el Centro de Reinsersión
Social de La Toma, en el municipio de Amatlán de los Reyes, que dejó un saldo
oficial de siete muertos, seis de ellos policías, quince uniformados
hospitalizados, y un número indeterminado de reos con lesiones graves y leves.
En el texto que leyó ayer el gobernador, quien sería una versión
del comandante en jefe de los policías como lo es el Presidente respecto a los
miembros del Ejército, se dijo que el motivo fue el traslado de cuatro reos “de
muy alta peligrosidad” a un centro federal de alta seguridad, por parte de
policías estatales y municipales de Orizaba, así como de otras corporaciones, y
que “al ingresar al penal, seis de los elementos policiacos fueron agredidos y
encerrados en un espacio sin salida”. Murieron intoxicados por el humo de fuego
que prendieron los internos, de acuerdo a la versión oficial.
O sea, hubo veintún víctimas, entre fatales y lesionados, de los
cuerpos de seguridad, un número excesivamente alto que no se justifica porque
se supone que el operativo había sido planeado cuidadosamente, previendo los
detalles de los riesgos que existían, que no se explica porque se supone que
los policías iban armados, y que tampoco se entiende cómo es posible que al
entrar los uniformados fueron agredidos y acorralados por los reos, pues se
supone que estaban encerrados en sus celdas a esa hora.
¿Es que nadie, absolutamente nadie de los custodios y de los
policías que se supone estaban de guardia pudo alertar a sus compañeros que no
entraran o que lo hicieran estratégicamente porque atrás de la puerta ya los
estaban esperando? ¿Cómo es posible que nadie los pudo auxiliar y rescatar o
apagar el fuego cuando las imágenes que circularon mostraban un gran despliegue
de policías y de camionetas de las corporaciones de seguridad?
Me atengo siempre a la versión oficial aunque las notas de
diversos medios, que empezaron a dar cuenta de lo que estaba sucediendo,
hablaban de un motin, de que había durado doce horas, de que los internos
demandaban la destitución del director del centro penitenciario y de otros
directivos, de que lo que había alertado eran las llamas que se veían desde
fuera, y que sólo entonces empezaron a llegar las fuerzas del orden.
Quedémonos con la versión oficial, que tampoco precisó si
finalmente los reos de “alta peligrosidad” fueron trasladados, pues sólo se
asentó que los policías ingresaron al centro de reclusión “a cumplir con las
instrucciones de trasladar a estos reos”.
Lógicamente, los muertos y los lesionados no pudieron haberlo hecho.
Finalmente fue un operativo fatal y debe existir responsabilidad
de quien lo ordenó y lo planeó mal. ¿Qué inexperto e incompetente jefe
policiaco envió a sus elementos a la muerte? Si eso no se aclara debidamente
allá adentro y si no se procede contra el culpable o los culpables, no dudo que
la “campaña contra la campaña” tomará visos de cierta y además se avivará el
descontento que podría desembocar en otro hecho de pronóstico reservado.

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