Saqueos, abusos, acabaron con el IPE

Prosa aprisa

Saqueos, abusos, acabaron con el IPE

Arturo Reyes Isidoro

Para el diputado Ricardo Ahued Bardahuil (PRI), empresario, exalcalde de Xalapa, hombre al que le gusta llamar las cosas por su nombre, el sistema de pensiones del estado está colapsado. Resume la situación, de no resolverse, con una expresión contundente: “Sería un caos total”.

Hace no mucho escuché a un funcionario que sabe bastante del asunto que si los académicos de la Universidad Veracruzana que ya tenemos derecho a jubilarnos o pensionarnos lo hiciéramos, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) no aguantaría más y se vendría abajo estrepitosamente. Ya no hay recurso económico que alcance.

La solución no es nada fácil para el sistema de pensiones que hoy es víctima casi fatal de saqueos, de abusos por parte de muchos de quienes fueron sus directores así como de Gobiernos priistas que usaron a la institución como caja chica en el siglo pasado.

Pero también es víctima del abuso –indignantemente cobijado en normas administrativas legales– de pensionados exfuncionarios del Gobierno del Estado, de algunos supuestos académicos (sólo de nombramiento), y de muchos más que hoy reciben pagos exorbitantes, pensiones fuera de toda proporción, a los que habría que hacerlos pedir perdón a los actuales derechohabientes y a los jubilados que reciben una miseria, por todo lo que se han llevado, por no decir que se han robado.

Aquí sí creo que aplica bien decir que al actual Gobierno del Estado le tocó bailar con la más fea, aunque hay alguien a quien le tocó bailar con la más fea de todas las feas: a su actual director Armando Adriano Fabre, a quien si reviven ese ya casi cadáver habrá que hacerle un reconocimiento por aguantar vara en serio, protestas, manifestaciones, reclamos de quienes resultan afectados por las condiciones que vive el Instituto.

Es historia, y algunos lo toman hasta como anécdota digna de festinar –lo cual es triste e indignante–, cómo muchos de los que dirigieron al IPE hoy son dueños de ranchos, de empresas, de fortunas incalculables, de patrimonios construidos con el saqueo que hicieron del Instituto. Nunca se les castigó y hoy se pasean con toda impunidad.

Cómo no va a estar en quiebra la institución si de ahí salió el pago para muchas campañas políticas; si los gobiernos del siglo pasado dispusieron de sus instalaciones y de sus servicios como si fuera un patrimonio de políticos y gobernantes.

A todo eso se le sumó el envejecimiento de los derechohabientes y que las cuotas y sus montos no crecieron en igual proporción al número de pensionados. Algo se tiene que hacer antes de que caiga la última piedra de lo que queda.

El pasado 4 de julio, la Calificadora de Valores Moody’s publicó el resultado de un análisis que realizó, que indica que Veracruz –junto con Baja California, Chiapas, Chihuahua, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala–  tiene en riesgo su viabilidad financiera porque tiene que destinar recursos extra de su presupuesto para pagar las pensiones. En el caso de nuestro estado el porcentaje es de 2.7 por ciento extra.

Roxana Muñoz, analista de la agencia para estados y municipios, dijo que esos estados no tienen suficientes activos que permitan fondear las pensiones y que el problema pudo haberse creado porque las contribuciones de los trabajadores son muy bajas o porque algunos de los municipios u organismos descentralizados no envían su contribución o también porque los beneficios superan a las contribuciones.

La analista declaró al diario Excelsior que “En Moody’s pensamos que esto se puede corregir si los estados implementan reformas estructurales en el corto y mediano plazo, para poder sanear sus sistemas de pensiones”.

Es lo que acaba de hacer Duarte, quien envió el martes al Congreso local una iniciativa de reforma al IPE, que entre otras cosas propone incrementar a 65 años de edad la jubilación por vejez, incrementar las cuotas y aportaciones del 12 y 20 por ciento y fijar límites a las pensiones.

Argumenta el gobernador que con base a estudios actuariales se recomienda incrementar la edad para la jubilación o pensión, ante el incremento de las expectativas de vida; establecer en tope monto máximo de las pensiones de jubilación por el equivalente a 26 veces el salario mínimo general de zona económica “A” elevado al mes; establecer un esquema de solidaridad intergeneracional para que el 80 por ciento de las cuotas y aportaciones de las mueva generación se destine al pago de prestaciones y el 20 por ciento restante al Fondo de la Reserva técnica Especifica.

También recomienda implementar préstamos a mediano plazo, cobrando los intereses sobre saldos insolutos en lugar de manera anticipada, destinando el 70 por ciento de los rendimientos al pago de obligaciones institucionales y el 30 por ciento restante al refinanciamiento de la cartera de préstamos, todo lo anterior, entre otras medidas.

El Ejecutivo argumenta que es indispensable corregir deficiencias y limitaciones del sistema actual acumuladas en los últimos 17 años (antes de ese periodo fueron raterías más que deficiencias y limitaciones) para sentar las bases que den suficiencia financiera a la institución y seguridad jurídica a los derechohabientes de que su bienestar futuro está plenamente garantizado.

Ahued ha adelantado ya que habrá temas que no les van a parecer a los pensionados, aunque advierte que si no se hace la reforma se puede caer en la incapacidad para pagar las pensiones.

Me atrevo a pensar que la iniciativa se presentó en una fecha estratégica: cuando los directamente interesados –porque les afectará un aumento de cuotas– están ahora de vacaciones: los maestros, que ya dieron muestra de su capacidad de movilización y lucha con la reforma educativa.

De que el problema existe y está latente, es cierto; de que es grave, lo es; de que se tiene que hacer algo, también es urgente; de que el tema es polémico, es muy polémico; de que a los trabajadores no les va a gustar nada, nadita, que les aumenten las cuotas, no les va a gustar. Quién sabe si en la Legislatura actuarán al vapor para aprobar la iniciativa antes de que terminen las vacaciones y regresen los maestros y comienzan las protestas y bloqueos de calles y edificios. Pero es indudable que algo se tiene que hacer. El asunto se tiene que atender con y resolver toda seriedad y cuidado. Ya se empezó a actuar. La prensa seguirá teniendo buen material, no obstante las vacaciones.