Caso Tarek pone a prueba al PRI

Prosa aprisa

Caso Tarek pone a prueba al PRI

Arturo Reyes Isidoro

El 17 de octubre del año pasado, al reunirse en privado con un grupo de columnistas y propietarios o directores de medios en Xalapa, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, fue cuestionado sobre los diputados federales veracruzanos de su partido acusados de actos de corrupción.

En aquel entonces, el exdirector de la Comisión Federal de Electricidad evadió rápidamente la pregunta que le hizo un columnista diciendo que no tenía ninguna acusación formal contra alguno de ellos y que todo lo que sabía lo había leído en la prensa. Se entendió que los estaba protegiendo con ese pretexto.

A los únicos que mencionó entonces, que estaban siendo investigados, fueron a Javier Duarte de Ochoa, a José Antonio Chara Mansur Beltrán, a Gabriel Deantes Ramos y a Arturo Bermúdez Zurita, quienes serían expulsados de ese partido ocho días después.

Lo traigo a colación ahora porque ayer el fiscal general del Estado, Jorge Winckler, presentó en la Cámara de Diputados una solicitud de juicio de procedencia contra el representante popular por el distrito 17 de Cosamaloapan, Antonio Tarek Abdala Saad, por el desvío de 23 mil 156 millones de pesos de recursos federales durante la administración de Javier Duarte.

Al exDirector de Administración del DIF Estatal Veracruz y ex Tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación se le acusa de los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, tráfico de influencias y desvío de recursos, ilícitos por los que podría alcanzar una pena de hasta 15 años de prisión.

Al entregar en la Secretaría General de la Cámara las primeras cuatro carpetas de investigación en su contra (son independientes de las que se integran por la compra de medicamentos falsos), Winckler manifestó:

"Expresamos nuestra confianza de que al ser turnada la presente solicitud de desafuero ante la Sección Instructora se procederá en consecuencia, debido a que la instancia que practicó las auditorías previas fue la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la cual depende de la Cámara y cuyos integrantes tienen la facultad de conocer mecanismos por responsabilidades administrativas".

Hizo un llamado a los diputados federales “para que determinen de qué lado están, de la ciudadanía o de sus partidos políticos, si van a proteger la impunidad o van a acercar a los ciudadanos a la justicia. Espero que los diputados, en acto de conciencia, no protejan a quien se presume es un delincuente".

Fue más allá. Adelantó que posiblemente la próxima semana presentará otras solicitudes de desafuero contra otros diputados del PRI que también han sido señalados por la ASF como responsables de los desvíos.

Ahí está, pues, ya, una denuncia y petición concreta, formal, la que dijo Ochoa Reza hace tres meses que no existía, y ahora se verá si él también está del lado de los intereses de la mayoría de los veracruzanos, a los que se dañó, o de los diputados de su partido señalados y acusados de actos de corrupción, quienes permanecen impunes protegidos por el fuero que tienen.

De todos modos habrá que estar pendientes del rumbo que tomen las cosas porque algo apremia al priismo para actuar en contra de sus corruptos. Llama la atención que de pronto no sólo reactivaron el interés para que la Interpol busque a Javier Duarte en 190 países del globo terráqueo, sino que, por fin, metieron a la cárcel a Rodrigo Medina, otra fichita, exgobernador de Monterrey.

¿Será acaso para tratar de desviar la atención y mejorar la imagen de Enrique Peña Nieto ante el riesgo de que caiga más en las encuestas –Reforma le da 12% de aceptación, aunque otros encuestadores registran un porcentaje de sólo 9%– ante otro gasolinazo que se espera en febrero, esto es, a partir de la próxima semana? ¿Será para tratar de posicionarse mejor ante el electorado de cara a las elecciones en puerta?

En el Estado el PRI no la tiene fácil. Una versión que me dieron es que ante el anuncio de su regreso, preguntaron al innombrable Fidel Herrera Beltrán sobre el 2018, quién podría ir como candidato a gobernador, pero ni el mismo que se dice que viene a salvar al tricolor se arriesgó a adelantar algo diciendo que primero habría que ver cómo salen en las elecciones municipales.

O sea, al Gobierno federal priista no sólo le urge detener a Duarte para tratar de recuperar terreno ante el electorado, sino que si quiere volverse más competitivo tendrá que actuar o permitir que se actúe contra muchos más de sus militantes señalados por actos de corrupción, entre ellos los diputados federales ya conocidos de todos.

En el Estado, la bandera de los señalamientos por los actos de corrupción va a determinar el resultado de la elección y en ese terreno el PRI lleva las de perder a menos que dé muestras de que la está combatiendo en serio. La expulsión de sus filas, el desafuero y la encarcelación de Tarek será una señal positiva pero no suficiente, hasta que se castigue a todos los responsables del saqueo de las arcas que tienen sumido a Veracruz en la más grave crisis económica de su historia.

Por ahora, el gobierno panista los ha puesto contra las cuerdas. Ha hecho una acusación formal y presentado carpetas con las pruebas. Si no se actúa, el 4 de junio ganarán sólo unas cuantas alcaldías y sufrirán una estrepitosa derrota.

Yunes atiende petición del PRI

Fue el pasado 13 de diciembre cuando en la tribuna del Congreso del Estado el diputado local priista Carlos Vasconcelos Guevara presentó un anteproyecto de Punto de Acuerdo para exhortar al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a suspender el otorgamiento de nuevas concesiones de servicio de transporte público de pasajeros en la modalidad de taxis y realizar un estudio de las otorgadas.

Denunció entonces que había un número excesivo de taxis con las respectivas implicaciones viales, socioeconómicas, ambientales y de salud pública.

Expuso que las cifras exactas del número de concesiones otorgadas por las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte no se conocen, ya que ninguna dependencia del Gobierno del Estado cuenta con esa información o no quisieron otorgarla, pero dio un dato revelador. Señaló que dentro del sector del transporte público se especula que son entre 100 mil y 120 mil las concesiones entregadas, independientemente de las muchas que se encuentran en trámites de regularización.

Manifestó que era necesario poner un alto a la entrega y demandó a las autoridades estatales revisar minuciosamente los expedientes de las concesiones otorgadas en los años anteriores, con el propósito de transparentar la situación.

Pero no fue todo. Pidió, asimismo, aplicar las disposiciones de la ley de tránsito y transporte por cuanto hace a jurisdicciones, prohibición de establecimiento de sitios, política de tarifas, cobertura de aseguramiento por responsabilidad civil, antigüedad de las unidades, revista vehicular y capacitación a conductores, ya que existen quejas de la población en esas materias.

El 7 de enero de este año, el gobernador Yunes Linares anunció que sería este mismo mes cuando se iniciara el operativo para revisar las concesiones otorgadas a taxis y camiones urbanos durante los anteriores dos sexenios.

"Las anteriores administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte entregaron miles y miles de concesiones sobre todo de taxis y de transporte público también, provocando no sólo un desastre en materia de transporte como lo estamos viviendo, sino que provocaron también que la delincuencia organizada buena parte de su actividad la lleve a cabo usando taxis".

Calificó como "atraco brutal" el dinero que obtuvieron y se llevaron por la entrega masiva de concesiones de taxis, por lo que, advirtió, las revisarían una a una y sólo quedarán las que sean comprobadas con chofer y unidad responsable y sin actos delictivos. Adelantó que los taxistas, así sean dos o tres por unidad, deberán ser acreditados para poder prestar el servicio de automóvil de renta.

Como se advierte, en algunos temas, priistas y panistas tienen puntos de coincidencia. Habrá que ver ahora si, por ejemplo, limpian ese gremio ya que exdiputados, exalcaldes, exfuncionarios estatales y muchos más, ajenos a esa actividad, se hicieron de concesiones e incluso de flotillas de taxis en detrimento de los verdaderos trabajadores del volante.