Prosa aprisa
¿Duarte,
otra cabeza al fiscal general de EU?
Arturo
Reyes Isidoro
El
fiscal general de Estados Unidos (EU), William Barr, regresa este jueves a
México. Su visita ha despertado mucho interés porque la primera que realizó el
5 de diciembre pasado pareció tener algunas coincidencias que tuvieron
consecuencias.
Curiosamente,
luego de su reunión con autoridades mexicanas se fue del país en forma
inmediata Evo Morales y cinco días después fue detenido en EU el exsecretario
de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Ahora,
en la víspera de su llegada, ayer el diario Milenio
publicó en su portal que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del
gobierno mexicano denunció al exdirector general de Procesos Legales de esa
dependencia, Mauricio Moreno Balbuena, por haber ayudado a Javier Duarte para
que le redujeran su condena.
El
exgobernador del Estado está en serios aprietos porque esa Unidad, que depende
de la Secretaría de Hacienda, no está conforme con que su exfuncionario haya
ayudado a que a Duarte lo condenaran por asociación delictuosa y no por
delincuencia organizada.
La
UIF presentó la denuncia contra Moreno Balbuena ante la Secretaría de la
Función Pública alegando que actuó para que el Ministerio Público Federal
reclasificara los delitos al exgobernador, desdiciéndose incluso del
señalamiento por delincuencia organizada que ellos mismos habían presentado.
La
nota de Milenio es extensa e incluso
presenta copias facsimilares del oficio del exfuncionario acusado del que dicen
ahora que no estaba facultado para suscribir ningún oficio para exonerar la
reclasificación de un delito con menor sanción penal y
mucho menos, si “había méritos para iniciar un proceso penal en contra del
imputado”.
Y es que para la UIF sí estaba sustentado el
delito de delincuencia organizada por el que Duarte debió haber sido sometido a
una pena de entre 20 y 40 años de prisión, aunque con la reclasificación del
delito se la bajaron a 4 años y seis meses, por lo que estaría a punto de salir
libre en poco más de año y medio.
Lo que se entiende es que el gobierno a través de
la UIF va a tratar de reencauzar la acusación para imponer una pena mayor al
exgobernante veracruzano, lo que lo mantendría en prisión por muchos años más.
El pasado 6 de enero publiqué en “Prosa aprisa”
que Duarte estaba ya en desgracia luego de que un día antes un juez le había
negado otorgarle la prisión domiciliaria para que siguiera cumpliendo su pena
en su casa, pero sobre todo porque casi una semana antes el Congreso
norteamericano había mostrado preocupación por la relación del exgobernador de
Veracruz con el crimen organizado (léase “Prosa aprisa” del 06/01/2020,
“Presiona el Congreso de EU y retienen a Duarte”).
Apenas el lunes el presidente Andrés Manuel López
Obrador se refirió al caso Duarte y descartó cualquier tipo de pacto en los
procesos que se le siguen que, adelantó, estaban siendo investigados por la UIF
y la Fiscalía General de la República (FGR).
Fue más allá. Dijo que no habría negociación y
que tendría que devolver los fondos que se llevó, sobre todo los de las
propiedades que adquirieron él y sus socios en Estados Unidos pero también en
el país. Expresó que había “bastantes bienes” que estaban siendo investigados
en el extranjero.
Antes que AMLO, el viernes pasado el propio
gobernador Cuitláhuac García Jiménez había confirmado que su administración
continuaba la lucha legal que había iniciado su antecesor Miguel Ángel Yunes
para recuperar “decenas” de casas que Duarte había adquirido en EU con recursos
públicos.
Existe, pues, una acción concertada, ahora queda
más claro, no solo para tratar de recuperar todo lo que desvió el exgobernador,
sino para echarle más años de prisión.
Pero, decía al inicio, la pasada visita del
fiscal norteamericano William Barr tuvo algunas sospechosas coincidencias, y
ahora a ver si no a raíz de su segunda estancia en el país se recrudece la
situación de Javier.
En “Prosa aprisa” del día 6 preguntaba yo: ¿Qué información
tienen los congresistas de Estados Unidos sobre el exgobernador de Veracruz?
Una sorpresa sería que Barr tuviera y trajera alguna respuesta.
Para
esto pregunto: ¿dónde están todos los excolaboradores de Duarte a los que
benefició, pero también muchos más a los que hizo ricos con contratos,
convenios, ayudas, etcétera?
Creo
que a estas alturas para nadie es un secreto ya el sometimiento de nuestro
gobierno al de Donald Trump (ahí está el caso más claro: el de los migrantes) y
su cauteloso manejo en su relación con el Congreso gringo, por lo que
abandonado ya por el grupo Peña Nieto el exgobernador está totalmente
desprotegido.
Y
para empeorar su situación personal, en el Reino Unido su esposa Karime Macías
está también sujeta a un proceso de extradición y ahora anda ya con brazalete
de la policía británica para que no intente huir.
AMLO
no dejó ninguna duda: investigan a Duarte la UIF y la FGR. Pero él no actuó
solo. En su momento no solo hubo señalamientos contra los que aparecen como sus
socios sino también contra exfuncionarios, tanto por desvíos de recursos como
por la adquisición de propiedades en el vecino país.
A
ver si esto no resulta en un reventadero.
Yunes
debe estar recitando: ya ven, yo se los decía.

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