Un año y nueve meses después

Prosa aprisa

Un año y nueve meses después

Arturo Reyes Isidoro

El 30 de septiembre de 2011, con el título de “¿Y la juez qué?”, publiqué en “Prosa aprisa” el siguiente comentario:

“Lo que yo todavía me continúo preguntando es si la juez tercera de primera instancia, Beatriz Hernández Rivera, duerme tranquila y puede sentarse a la mesa de su hogar y escuchar y ver de frente a sus familiares luego de que estuvo a punto de condenar hasta 30 años de prisión a dos inocentes.

“Ella fue la que el 31 de agosto pasado dictó auto de formal prisión en contra de Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, usuarios de redes sociales, tuiteros, al considerar que, según su obtuso e irresponsable criterio, existían suficientes elementos para responsabilizarlos de terrorismo equiparado y sabotaje.

“Qué triste papel jugó esta mujer al prestarse a una injusticia seguramente para agradar y servir a algún interés particular dejando de lado su integridad, su ética, su criterio legal y su independencia jurídica.

“A esta mujer le tocó recibir la consignación por parte del procurador de Justicia Reynaldo Escobar Pérez y o no ve bien –no sé si usa lentes–, o no conoce las leyes, o quiso y aceptó ponerse de tapete para quedar bien, pues no fue capaz o no quiso ver que no había sustento legal no sólo para la consignación sino para el encarcelamiento de los ya célebres tuiteros.

“Al declararles la formal prisión puso en duda la integridad de todo el aparato judicial y mueve a preguntar cuántos inocentes no estarán purgando condenas a causa de jueces venales como ella. En el caso de  los tuiteros, no siguió su infame condena sólo porque la propia Procuraduría se desistió ante el inminente fallo de la justicia federal a favor de los acusados.

“Hoy sería bueno saber si el Tribunal Superior de Justicia impondrá una sanción y castigará a esta mala servidora pública o si de plano la cesará pues, no cabe duda, como lo demostró en el caso que nos ocupa, constituye un serio riesgo para las garantías de cualquier ciudadano veracruzano.

“El día de la liberación de los tuiteros, luego de 29 días en que injusta e ilegalmente estuvieron detenidos, la citada juez Beatriz Hernández Rivera ni siquiera fue capaz de ofrecerles una disculpa a las víctimas pero tampoco tuvo la entereza por no decir que la vergüenza para darle una explicación al pueblo de Veracruz de su desastrosa actuación.

“No es posible que esta mujer continúe en funciones como si nada hubiera pasado, pues a todas luces queda bajo sospecha de no dar a cada quien lo suyo lo que en justicia corresponde, como recomendaba Ulpiano, jurisconsulto romano, considerado uno de los más grandes de la historia del Derecho, sino de bailar según el son que le toquen, es decir, en función de un interés particular e interesado.

“De alguna manera, ella reeditó el sonado caso del documental fílmico ‘Presunto Culpable’, que recién ganó un Emmy, donde, no obstante no existir pruebas, un juez, Héctor Palomares Medina, que lamentable y tristemente continúa en su cargo, condenó a un joven, José Antonio ‘Toño’ Zúñiga, a 20 años de prisión por un homicidio que no cometió, y fue sólo el interés de dos jóvenes abogados que se interesaron en su caso y lograron reabrirlo lo que finalmente logró que recuperara su libertad.

“Habría que revisar las sentencias de esta juez para ver cuántas más dictó no guiada por el estricto apego a las leyes sino por algún otro interés inconfesable, y los acusados (y sus familiares) cuyos casos caen en sus manos, de ahora en adelante deberán comparecer ante ella pero ya ante Dios confesados.

“¿Dura lex, sed lex? (¿La Ley es dura pero es la Ley?), no necesariamente, no cuando un juez o una juez ni siquiera aplica con rigor la ley sino que sentencia con base en elementos extrajudiciales. Maruchi más que Gilberto salió afectada de su reclusión. Y pensar que la juez Beatriz Hernández Rivera la pudo haber condenado a estar muerta en vida, a pasar hasta 30 años a la sombra. Pero esa es la justicia en Veracruz”.

Un año y nueve meses después, el pasado jueves 20 de junio, la máxima autoridad judicial del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró inconstitucional la ley que se aplicó entonces, que tipificaba el delito de “perturbación del orden público”, que si bien ya no tiene vigencia pues se reformó, confirma la venalidad de la autoridad judicial que encarceló a dos inocentes.

¿Es irrelevante, a estas alturas, la resolución final de la Corte? Considero que no. Lava por completo, de cara a la sociedad, el nombre de dos inocentes, demuestra la arbitrariedad e ilegalidad del órgano encargado de procurar (se supone) justicia en el estado, que consignó; la injusticia y venalidad del órgano impartidor de justicia en Veracruz, que decretó la formal prisión; y la complicidad atentatoria contra los intereses ciudadanos del órgano legislativo que avaló y sancionó una ley a todas luces represiva, como lo acaba de demostrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El colofón ahora es que, triste y preocupantemente, la juez Beatriz Hernández Rivera continúa “impartiendo” justicia como si nada hubiera sucedido; que se sepa nunca fue siquiera amonestada y quién sabe a cuántos inocentes más habrá sentenciado por algún interés inconfesable. Su triste papel ha quedado registrado ya en la historia de la judicatura veracruzana y la sombra de su deshonestidad profesional la habrá de perseguir mientras viva.

De todos modos, la condena de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es para todo un sistema de poder, en especial del Poder Judicial del estado, ninguno de cuyos miembros ha dicho antes y ahora nada al respecto. 

A quienes en su momento protestamos por y denunciamos la injusta detención de Maruchi y de Gilberto, nos reconforta saber que al final, tarde o temprano, siempre termina por imponerse la verdad y la justicia y que el tiempo pone a cada quien en su lugar y da a cada quien lo suyo, lo que le corresponde.

Hoy, pienso que, en nuestro caso, valió la pena obrar conforme a nuestra convicción y cumplir con nuestra responsabilidad profesional y con la sociedad, y que un acto de justicia renueva el compromiso para continuar denunciando cualquier acto arbitrario e injusto venga de donde venga. A la sociedad la debe estimular saber que es posible esperar actos justos de las instituciones, que por fortuna todavía existen en las que se puede confiar, que no todo está perdido en nuestro país.