El doble rasero de la Fiscalía

Prosa aprisa

El doble rasero de la Fiscalía

Arturo Reyes Isidoro

El pasado 29 de enero algunos medios publicaron que María Antonia Huerta Mendoza presentó un denuncia ante la Unidad Integral de la Fiscalía General de Justicia en Córdoba en contra de Armel Cid de León Díaz, empresario cordobés y alcalde priista de la ciudad de Fortín, porque la golpeó “brutalmente”, a raíz de lo cual se inició la investigación ministerial 243/15.

En su querella, la agraviada declaró mantener una relación extramarital con el munícipe, a quien había acompañado a un acto el jueves 22 de enero en la ciudad de Huatusco, pero que a su regreso, alrededor de las once de la noche, al suscitarse una acalorada discusión dentro de la camioneta del alcalde éste le propinó una brutal golpiza que le cerró un ojo y le produjo múltiples hematomas en la cara, brazos y la espalda, además de que la aventó del vehículo dejándola tirada en el acotamiento, aunque luego regresó por ella pero para seguir golpeándola.

Han pasado ya casi veinte días del hecho y pese a la denuncia, incluso pese a que el secretario de Gobierno Gerardo Buganza Salmerón y los presidentes de la Comisión de Seguridad Pública, José Ramón Gutiérrez de Velasco (priista), y de la Comisión de Gobernación, Carlos Fuentes Urrutia (panista), del Congreso del Estado, respectivamente, han pedido que el alcalde agresor responda por la agresión y la fiscalía actúe, al presidente municipal no se le ha molestado.

Ante esta inacción de la justicia, familiares de la víctima denunciaron públicamente la impunidad con que se protege al agresor, mediante desplegados en la prensa regional, exigiendo la destitución del alcalde De León Díaz y cuestionando el desempeño del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras.

Llama la atención que la Fiscalía General del Estado actúe con doble rasero y no mida con la misma vara ni proceda con el mismo celo con el que está actuando en contra del presidente municipal de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, presuntamente involucrado en el crimen del periodista Moisés Sánchez Cerezo, ni con la misma saña con que se procedió en contra de la periodista Maryjose Gamboa por un atropellamiento y muerte accidental, acaso porque el primero es panista y la segunda una crítica del gobierno.

Del caso se mantiene pendiente en especial la sociedad de la ciudad de los 30 Caballeros ya que la agredida es una “dama de la sociedad cordobesa” (extrañamente la prensa local no la quiere mencionar por su nombre) y el empresario y alcalde denunciado es yerno del poderoso empresario Domingo Muguira, pero además amigo del fiscal Bravo Contreras, cordobés también, según las publicaciones.

En este caso tiene que reconocerse la postura del Gobierno del Estado a través del secretario Buganza Salmerón, quien dijo el 5 de febrero al ser entrevistado por los reporteros que la posición oficial es que se continúe con todas las normas y “no ser freno, no ser tapa”, y que si el fiscal determina solicitar el desafuero del munícipe, el Gobierno del Estado “no frenará nada y buscará que el presidente municipal enfrente su demanda”.

Puntualizó que si se determina la responsabilidad del acusado, deberá enfrentar su proceso como cualquier ciudadano, lo que obligará al Congreso, si así se determina, a quitarle el fuero para que responda. Ya luego en un comunicado de prensa consideró que una de las principales responsabilidades que tiene un servidor público es el cumplimiento estricto de la ley y que “como un acto de congruencia y honestidad, el alcalde debería retirarse temporalmente de su cargo y enfrentar la situación en la que está involucrado”.

Como respuesta, al día siguiente, el día 6, en conferencia de prensa el diputado Gutiérrez de Velasco pidió al fiscal general del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, que investigue con todos los medios legales a su alcance y su disposición la denuncia en contra del presidente municipal, Armel Cid de León Díaz, por daños y lesiones graves.

“… el alcalde debe enfrentar este proceso como todo ciudadano y no respaldarse en el fuero y se piense que por ser alcalde del PRI tenga un beneficio, derecho o favores de este gobierno o que este Congreso vayamos a tolerar”.

Por su parte, su homólogo Fuentes Urrutia dijo que si la Fiscalía General de Justicia no solicita el desafuero del edil, el Congreso poco puede hacer y se quejó que no se proceda de la misma forma que con el Alcalde de Medellín debido a que Armel Cid es emanado del PRI, que tiene mayoría dentro de la legislatura local, “situación que sería lamentable, pues se vería claramente la tendencia, pues con un alcalde panista buscan todo lo posible para desaforarlo, lo más seguro es que dejen pasar el caso, que pase el tiempo y ni siquiera lo turnen a la comisión de Gobernación".

El único argumento que da ahora el alcalde para tratar de quedar impune es que se trata de un “golpeteo que viene de Palacio”, cuando el golpeteo fue el que él propinó a una mujer.

Extraña por otra parte que contrario a lo que se hizo con el alcalde de Medellín que se le tiene vigilado para que no escape, según se ha dicho, el de Fortín según él mismo declaró, ya puesta la denuncia en su contra incluso fue recibido en la Casa Veracruz sin que se le molestara para nada.

Veracruz está en el ojo del huracán internacional por la impunidad en muchos casos de violencia denunciados, y la protección ahora al presidente municipal priista lo único que hace, a ojos de los extranjeros, es confirmar lo que se dice. A nivel local eso ya no es ninguna novedad.

En “Prosa aprisa” del 27 de noviembre de 2013 (“Alcalde golpeador de mujeres”) publiqué el caso del anterior alcalde de Medellín de Bravo, Marcos Isleño Andrade, quien, igual, propinó una severa golpiza a una joven mujer con la que también sostenía una relación extramarital y reproduje la foto que había publicado el diario Notiver donde se veía a la agredida con los ojos cerrados y la cara toda molida a golpes, agresión que quedó impune, como todo indica que ocurrirá con este otro alcalde golpeador de mujeres, Armel Cid de León, protegido por las propias autoridades.

¿Y los organismos oficiales, el DIF, las ONGs, los institutos municipales, los “colectivos”, las alcaldesas, las diputadas locales y federales y tantas zarandajas dizque defensores y defensoras de las mujeres y de sus derechos?