Prosa aprisa
El
Plan de Choque
Arturo Reyes Isidoro
El pasado 31 de enero en la columna “Templo Mayor” del
diario Reforma se comentó que la baja
del petróleo llevó al gobierno de Enrique Peña Nieto a una encrucijada con dos
caminos: el malo y el peor.
“Por un lado estaba la opción de recortar el gasto
público a sabiendas de que la medida impactaría al crecimiento económico.
Dicho y hecho, el anuncio de ayer tuvo efectos
inmediatos: Moody’s estimó un raquítico crecimiento del 2.5 por ciento… si bien
nos va.
Una noticia pésima para el país que llegará a la mitad
del sexenio con muy poco o nada que presumir en la materia.
El otro camino que le quedaba a la Secretaría de
Hacienda de Luis Videgaray era aumentar el déficit y financiar el faltante con
–¡gulp!– deuda.
Nada más que el endeudamiento únicamente traslada el
golpe al crecimiento para el futuro y pone en riesgo la estabilidad económica.
A fin de cuentas, habrá que aplaudir la
responsabilidad fiscal del gobierno”.
Un día antes, el 30 de enero la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) había anunciado un recorte en el gasto para este
año de 124 mil 300 millones de pesos, equivalente a 0.7 por ciento del Producto
Interno Bruto (PIB).
De
esa suma, las Secretarías de Estado harán un recorte de 52 mil millones de
pesos, el cual 65 por ciento será en gasto corriente y el resto en
inversión. Los ajustes se dieron en un contexto de volatilidad económica
internacional y la caída del precio del petróleo.
El
secretario del ramo, Luis Videgaray, descartó que los ajustes lleven a un
aumento en los impuestos o a la contratación de más deuda. "Los ajustes al gastos público los haremos reduciendo el gasto del
Gobierno; no incrementaremos los impuestos, no vamos a crear nuevos impuestos y
por supuesto no habremos de contratar mayor deuda pública", dijo.
Para
el diario Reforma, el Gobierno
Federal actuó con responsabilidad. En mi modesto punto de vista, yo pienso lo
mismo.
A
eso que anunció Videgaray los economistas le llaman un “Plan de Choque”. Me
llama la atención la forma en que ante la volátil situación económica por la
baja en los precios del crudo la administración federal optó por un camino
opuesto, por ejemplo, al que ha seguido el Gobierno del Estado: no aumentar el
déficit y financiar el faltante con deuda.
El jueves 23 de diciembre de
2010, 23 días después de que había dejado el gobierno Fidel Herrera Beltrán, la
brillante reportera de Proceso,
Regina Martínez (q.e.p.d.), publicó que la entonces presidenta de la comisión
de Hacienda del Estado del Congreso local, Karime Aguilera Guzmán, había
informado que la Secretaría de Finanzas y Planeación había admitido que el
gobierno de Fidel Herrera Beltrán había dejado una deuda de 25 mil millones de
pesos.
“Ante
el análisis del anteproyecto de ley de ingresos y presupuesto de egresos del
2011, cuyo dictamen continúa siendo debatido por diputados de todos los grupos
legislativos antes de su aprobación, señaló que existe un ‘especial interés’
por la reestructuración de la propuesta original y el tema de la deuda ‘será
una cuestión que la Sefiplan tendrá que resolver’”.
Esa
declaración le valió a Karime una severísima reprimenda y le prohibieron que
volviera a hablar sobre el tema.
Un
día antes, el 22 de diciembre de 2010, el entonces secretario de Finanzas y
Planeación, Tomás Ruiz González, había declarado que se
liquidarían todos los adeudos contraídos por el gobierno del estado saliente,
para lo cual se había implementado el “Programa de Reconocimiento de Adeudo”
que debía concluir con la liquidación de los compromisos “en las próximas
semanas”.
Explicó que se pagarían todos y
cada uno de los adeudos siempre y cuando se tratara de compromisos devengados y
se encontraran dentro de la normatividad correspondiente, aclarando que “como
una práctica común en los tres niveles de gobierno, en las dependencias y
entidades, al cierre de los ejercicios presupuestales, absorben los compromisos
pendientes de pago que debidamente hayan sido contabilizados y registrados, a
través del reconocimiento de adeudos a proveedores y prestadores de servicios”,
como lo estaba haciendo el nuevo gobierno estatal entonces.
Casi un mes después de esa
declaración, como lo ha hecho
ahora el Gobierno Federal, el gobernador entrante Javier Duarte de Ochoa
anunció también un “Plan de Choque” que incluía el reconocimiento de los
adeudos con proveedores y prestadores de servicio registrados en cada una de
las dependencias, adeudos que entonces llamaron “Pasivo Circulante”.
Fue
el 27 de enero de 2011, a menos de dos meses de que había tomado posesión,
cuando Duarte, tras exponer las circunstancias
complejas por las que atravesaban las finanzas del gobierno del estado,
presentó el Programa de Reducción al Gasto Público, que ordenaba medidas de
ajuste del 25 por ciento de su gasto corriente a las dependencias.
Acompañado de los integrantes de su
gabinete, en un evento realizado en la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno,
explicó que el programa implicaba una reducción en el gasto corriente de las
entidades dependientes del Poder Ejecutivo de 6 mil millones de pesos, cuya
meta estaba destinada a tener finanzas sólidas para el desarrollo económico y
social de la entidad.
“La finanzas del Gobierno del
Estado atraviesan por una circunstancia compleja que obliga a hacer ajustes
para cumplir con las tareas que el pueblo demanda y este esfuerzo requiere
destinar mayores recursos públicos a obras de infraestructura y acciones
orientadas a fortalecer la economía en esas zonas afectadas”, dijo entonces.
En aquella ocasión, dio la palabra
al secretario Tomás Ruiz González, quien detalló las estrictas medidas de
austeridad, disciplina y transparencia que se ordenaban.
El funcionario empezó por revelar
que Veracruz había sufrido una baja en calificación de su riesgo crediticio
desde 2009 y que las agencias calificadoras habían destacado el deterioro de la
estructura presupuestal debido principalmente a las crecientes erogaciones del
gasto corriente y al incremento sustancial de la deuda del corto plazo, lo que
limitaba fuertemente la liquidez del gobierno.
Informó que los Secretarios
tendrían que remitir a la Sefiplan, a más tardar el 15 de febrero de ese año,
una propuesta de ajuste al gasto que representara una reducción del gasto
corriente del 25 por ciento.
Tomás logró cuadrar bien todo,
sentó las bases para reordenar y fortalecer las finanzas estatales iniciando un
programa que incluyó la reestructuración de la deuda pública que ya alcanzaba
para entonces los 30 mil millones de pesos, hasta que se enteró que todo su trabajo había sido echado por la
borda y que sin consultarle ni informarle se disponía de los recursos
comprometidos para pagar la deuda, por lo que prefirió irse en marzo de 2013.
El resto de la historia la sabemos todos los veracruzanos: hoy la deuda
oficialmente aceptada ronda los 40 mil millones de pesos aunque los críticos
dicen que es el doble o más y para nadie es un secreto la crítica situación que
viven las arcas públicas.
Hoy también son totalmente opuestas
las políticas económicas y financieras del Gobierno Federal y del Gobierno del
Estado. Cabe pensar que si la administración federal decidió apretarse el
cinturón y no endeudarse, entonces no habrá ninguna consideración para la forma
en que se han manejado las finanzas del estado, cuando todavía en diciembre
pasado la Legislatura autorizó otro
endeudamiento por 5 mil millones de pesos más. Los veracruzanos estamos
pagando y vamos a seguir pagando las consecuencias.
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