Prosa
aprisa
La auditoría a Sedesol-Veracruz
Arturo Reyes
Isidoro
El pasado 7 de mayo
–mañana hará una semana–, el presidente Enrique Peña Nieto, al firmar el anexo
(adendum) del Pacto por México, dijo que se había decidido ampliarlo y
enriquecerlo para blindar los programas sociales de los tres órdenes de
Gobierno “de cualquier desviación, manejo sesgado o uso electoral”.
Señaló entonces que las
acciones de Gobierno, especialmente las vinculadas a la política social, no
deben incidir en la decisión del sufragio, que sólo corresponde a los
ciudadanos de manera libre y secreta. “Nuestro objetivo es que los beneficios
lleguen, verdaderamente, a quienes más los necesitan, sin ningún tipo de
condicionamiento partidista”.
Estableció que los
programas sociales fueron creados para avanzar en la calidad de vida de los
mexicanos, nunca para avanzar en sus preferencias electorales, y que a través
de los compromisos que ese día se firmaron se aseguraban de no mezclar los
campos de las contiendas.
Fue muy puntual: “La lucha
contra el hambre no debe ni habrá de confundirse con la lucha electoral”.
Sus palabras las dijo ante
los dirigentes del PAN, Gustavo Madero Muñoz, del PRD, Jesús Zambrano Grijalva,
y del PRI, César Camacho Quiroz. Culminó, así, la crisis política que amenazó
la continuidad del Pacto por México, que se vio en peligro como consecuencia de
la denuncia panista de la existencia de una estructura electoral paralela
oficial para ayudar a ganar a los candidatos del PRI, puesta al descubierto en
Boca del Río.
El anexo fue consecuencia de las negociaciones que
tuvieron lugar el fin de semana en la Secretaría de Gobernación, previo a la
firma del adendum, pero una condición para sentarse a la mesa a negociar y a
firmar los acuerdos fue que se demostrara que había voluntad política de que el
reclamo panista de que se destituyera y enjuiciara a los señalados de Boca del
Río no iba a ser ignorado. Que querían hechos. Ahí se ofreció la cabeza, para
empezar, de Salvador Manzur Díaz. El viernes 3 de mayo el presidente Peña
ordenó el cese. El sábado 4 se ejecutó.
Pero las cosas no han
parado ahí. Por lo que se advierte, Peña Nieto desea fortalecer el “diálogo de
mayor confianza” y “entendimiento plural” con la oposición, como lo dijo
durante la firma del anexo, para tratar de llevar hasta sus últimas
consecuencias su Pacto por México. La semana pasada envió otra señal a la
oposición de que cumplirá su palabra empeñada.
Para dar cumplimiento en
especial a los compromisos adicionales 2 (blindaje electoral) y 4
(profesionalización e imparcialidad de los delegados y operadores de programas
federales) del adendum, de pronto llegaron a Xalapa funcionarios de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para practicar una Auditoría Técnica
Operativa.
Hasta donde se sabe, la
inspección está yendo en dos vertientes: la revisión “de escritorio” (base de
datos) y de todo el personal operativo que, si se va a fondo, llegará hasta los
enlaces para la aplicación de los programas sociales en los municipios
programados. Si se detecta que fueron nombrados con sentido partidista, serán
cesados.
Según, Peña no quiere que
duden de que es real su preocupación por los pobres, por los que padecen
hambre, sin importar signo partidista alguno, y quiere demostrar algún día con
mediciones reales que se avanzó significativamente o se acabó con la pobreza en
México durante su gobierno; presumirle al padrino del programa, el ex
presidente de Brasil Lula da Silva, y por eso su molestia extrema de que pongan
en riesgo la credibilidad de su intención con mapacherías como la de Boca del
Río.
Al paso de los días ya
quedó claro que los priistas veracruzanos, al menos los que han tenido el
manejo operativo y de decisiones, se perdieron totalmente en los 12 años en que
el PAN tuvo la Presidencia de la República y nunca se actualizaron ni
evolucionaron ni se informaron de que muchas cosas cambiaron. Por eso les pasó
lo de Boca del Río, que si hubieran estado al día se hubieran evitado la
desgracia política en que están.
Porque resulta que en el
caso concreto de la Sedesol, se hicieron de la delegación 2013 pero con la
mentalidad puesta en 1999 cuando todavía no perdían el poder presidencial y
hacían y deshacían. Algo que hicieron bien los panistas, y de su vigilancia y
cumplimiento hay incluso un convenio que corresponde a la Contraloría del
Estado llevar, fue el padrón de beneficiados de los programas sociales, que es
real.
En su momento censaron,
vigilaron que los empadronados cumplieran los requisitos (tener piso de tierra,
tres o más hijos, sólo empleo temporal, sin seguridad social, etcétera) y toda
la información la integraron al Padrón Nacional, que está blindado, pero que,
además, se cruza con la Secretaría de Hacienda para la liberación de los
recursos correspondientes. Cuando empadronaron, claro, vendieron caro el favor:
les dejaron muy claro a los beneficiados que se lo debían al PAN y de ahí que
la gente votara por ellos.
Pero llegó Ranulfo Márquez
Hernández a la delegación y pensando en los tiempos de antes, sin informarse,
empezó a hacer su propio padrón, a “dar de baja” a unos, panistas o
supuestamente panistas, y de alta a otros, priistas, algunos que no cumplían
los requisitos por no tener la edad pero que eran operadores del tricolor.
Cuando llevó su primera lista a México, la confrontaron con la base de datos
que tienen allá, blindada, y se dieron cuenta que les quería meter cachirules.
Pero todavía le dieron la oportunidad de
que enviara al responsable que había hecho el supuesto levantamiento del nuevo
padrón para que lo justificara, así como a un técnico informático, lo que nunca
hizo.
Por eso, de todos modos,
el uso que pretendían hacer los operadores de Boca del Río no tenía ningún
sentido ni ningún futuro. Hicieron cuentas alegres, porque nunca les aprobarían
su nuevo padrón con claro sentido partidista. Pero en sus reuniones se llenaron
la boca con el “oro molido” que supuestamente ya tenían entre sus manos y se
cumplió el adagio de que el pez por su boca muere.
Ahora, alguien del PRI,
alguien que actúe con responsabilidad, debiera desengañar a tanta gente a la
que siguen vendiéndoles el cuento de que los incorporarán al padrón de
beneficiados de Sedesol aunque no cumplan los requisitos. Se sabe que
candidatos del norte del estado están enviando oleadas de interesados a Xalapa
con ese propósito. Si no corrigen, se les va revertir.
Por cierto, Jesús Alí de
la Torre, tabasqueño, coordinador de
Políticas Públicas de la Sedesol desde el 20 de febrero pasado, cualquier
quincena o principio de mes asumirá la delegación en Veracruz. Acabará de
limpiar lo que quede.
En México lo tienen muy
claro: al único que hay que consultar ahora, el único del que se deben recibir
instrucciones es del presidente Peña Nieto. A nadie y de nadie más.
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