Seguridad; la política ha fallado

Prosa aprisa

Seguridad; la política ha fallado

Arturo Reyes Isidoro

Interesantes, altamente interesantes resultan las palabras del comandante de la Sexta Región Militar, Genaro Fausto Lozano Espinoza, quien, según registró la reportera Alicia Aguilar Guevara del portal alcalorpolitico.com, durante la presentación de un libro el viernes pasado en Xalapa no negó lo evidente: que ha disminuido la violencia y los homicidios pero se han incrementado los delitos patrimoniales y los secuestros. Es más, reveló que una reunión el viernes pasado con integrantes de la Coparmex Veracruz-Boca del Río “se puso caliente”. Debió haber sido, para como están las cosas en materia de seguridad.

Dijo en forma contundente: "Desde mi perspectiva (el problema) es fundamentalmente cultural, y este fenómeno cultural conlleva a una gran corrupción e impunidad, los dos van de la mano y esto genera una descomposición social muy acentuada. Sabemos que este país es un país de leyes pero el único problema es que no se aplican, hay una laxitud terrible en la aplicación de la norma, el quebrantamiento es permanente, hay que hacer una gran transformación cultural de la sociedad".

Para él se trata de un asunto de políticas públicas en el campo de lo social para resolver un problema de enorme magnitud, tan grande que mucha gente no lo alcanza a percibir. “No es la solución policiaca, ni judicial, menos militar… las soluciones militares no son ni finales ni permanentes y no conviene que sean permanentes, tienen que tener un límite", en lo que hay que estar de acuerdo pues no queremos a los soldados y marinos siempre en las calles como si estuviéramos en estado de guerra, como, de hecho, lo están en Michoacán.

No se anduvo por las ramas: "Tenemos que rescatarnos como sociedad, cuando eso ocurra podremos empezar a ver la luz en el túnel al final del camino, en tanto no nos apliquemos será muy difícil que sólo con el uso de la fuerza se logre. Cuando se usa la fuerza es cuando la política ha fallado, se ha agotado". ¿Quién lo desdice?

A propósito del tema: “Cerrado por la inseguridad. Me están extorsionando”. Así se leía una manta que en forma muy visible colocó un comerciante-empresario de Xalapa en la fachada de su negocio ya con las cortinas metálicas bajadas, foto respectiva que circuló ampliamente la semana pasada por las redes sociales y que algunos medios dieron a conocer.

Según una versión que se publicó en el diario Notiver se trató del empresario Alfredo García Hernández, quien hizo lo mismo en otros dos negocios que tenía de aparatos ortopédicos y quien tuvo que irse de la capital del estado porque además lo “levantaron”, lo despojaron de un automóvil y de paso tuvo que pagar medio millón de pesos para que lo dejaran libre.

Esa es una versión. Otra que platican empresarios xalapeños es que cuando empezó a recibir llamadas de extorsión, el hombre acudió a la Secretaría de Seguridad Pública donde no sólo  lo atendieron bien y lo asesoraron sobre cómo actuar en el caso sino que incluso a petición suya le brindaron protección con una patrulla, como pedía, pero lo orientaron también para que fuera a poner una denuncia respectiva ante la policía ministerial.

Comentan que, en efecto, así lo hizo pero que cuando llegó ante la Agencia respectiva no sólo no lo recibieron sino que como hacen con el común de los ciudadanos lo dejaron sentado sin hacerle caso y viendo que pasaban las horas y nadie lo llamaba para tomarle su declaración, desesperado optó por regresar a sus negocios, bajar las cortinas y colocar las mantas.

De hecho, ese caso detonó de nuevo la inconformidad generalizada de los empresarios, con cuyos dirigentes se reunió el gobernador Javier Duarte de Ochoa el viernes pasado para dialogar “sobre diversos temas vinculados al crecimiento y desarrollo económico del estado”, caso que también reavivó la crítica ciudadana en las redes sociales.

Independientemente de que sea cierta o no la primera versión, por la seriedad de los empresarios también esta última tiene sustento, por lo que sería necesario que el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa ordenara investigar el señalamiento, pero también para que instruyera a todos sus mandos medios que reciban y atiendan a todos los quejosos, pues la desatención contribuye a alimentar el temor y la desesperación de los ciudadanos y de paso a dañar la imagen del Gobierno del estado.

Al procurador lo conozco, sé de su profesionalismo y de sus buenas intenciones, pero funcionarios menores y personal ministerial curtidos por viejos hábitos y vicios enquistados en todo el aparato de procuración de justicia obstruyen el servicio que se debe dar a los veracruzanos y alimentan la mala imagen de esa institución. Algo tienen que hacer.

Pero si hay falla en algunas instituciones, en otros casos las empresas tampoco contribuyen a reforzar la seguridad de sus usuarios a lo que están obligadas, como es el caso de los dueños del ADO, algunas de cuyas unidades han sufrido asaltos en especial en el sur del estado y con ellas los pasajeros.

También se tiene información que ante las denuncias de quienes han sufrido robos y despojos en esos autobuses, las autoridades de Seguridad Pública han acudido a las terminales camioneras y con gran sorpresa han comprobado que los bastones detectores de metales del personal de seguridad ya no sirven, de viejos, pero que en iguales condiciones están los arcos escáner bajo los cuales nos hacen pasar cuando vamos a viajar y a abordar una unidad, por lo que sólo hacen la finta de que se nos registra para que no llevemos alguna arma.

La empresa ha recibido los reportes respectivos pero se niega a invertir para cambiar y  modernizar todo su sistema de seguridad e incluso colocar cámaras ocultas adentro de los autobuses para identificar a posibles delincuentes. Y los usuarios sufriendo cada vez más las consecuencias, y la empresa subiendo los precios cada vez que puede y enriqueciéndose.

Qué hacer si no más que viajar con sólo lo indispensable encima y encomendarse a Dios, aunque alguna autoridad, la de Comunicaciones federal en este caso, debe hacer algo y obligar a la empresa a protegernos a quienes hacemos uso de ese medio de transporte. A ver hasta cuándo.