¿Reacomodo de fuerzas?

Prosa aprisa

¿Reacomodo de fuerzas?

Arturo Reyes Isidoro

Tiene toda la razón el gobernador Javier Duarte: no tienen por qué sorprender los cambios en el gobierno. Son naturales. A veces debido a las circunstancias que se presentan, a veces necesarios por las exigencias de las políticas administrativas, a veces obligados porque la persona no dio los resultados que se esperaban de ella.

El titular del Ejecutivo dio ayer como motivos para la remoción de funcionarios, ciclos, tiempos, ritmos, circunstancias, intereses personales.

Ahora, se están cumpliendo ciclos, se están presentando circunstancias, se están dando intereses personales. Pero también, creo, y eso no lo dijo el cordobés, porque él necesita hacer adecuaciones en su equipo de trabajo porque así lo considera conveniente para los intereses de su gestión, acaso para lo que viene o para lo que espera para el futuro.

La fracción XIV del Artículo 49 de la Constitución Política local lo facultad a nombrar y remover libremente a sus colaboradores y es lo que está haciendo.

En realidad, no son los primeros cambios que ha hecho ni serán los últimos que hará, según lo anunció ayer mismo. Una visita a las hemerotecas, a los archivos, mostraría que han sido removidos funcionarios de todos los niveles. Pero hay de tiempos a tiempos.

Un argumento que manejó ayer Duarte de Ochoa es que no se debe olvidar que todo gobierno está conformado en su mayoría por políticos que muchas veces tienen deseos de crecimiento personal, ya sea político, administrativo o particular.

Por lo pronto, dejó la víbora chillando: algunos otros cambios estarán sujetos a que su partido, el PRI lógicamente, “decida” abanderar y presentar como opciones para participar como candidatos a un cargo de elección popular a colaboradores suyos.

Pero dio una seguridad: sí van a seguir los cambios. O sea, seguramente desde anoche varios funcionarios, o todos, ya no pegarán el ojo pensando en que “la base”, “su partido”, los pueden reclamar en cualquier momento para que sean sus candidatos, ya para alcaldes, ya para diputados locales.

“Así que depende no tan solo de su deseo de participar, sino también del partido que los postule. Así que yo estaré muy pendiente de respetar los tiempos y quien quiera participar en el proceso electoral tendrá que hacerlo de conformidad a la propia normatividad”.

Se entendería, pues, que contará el interés personal, pero también lo que decida “su partido”.

Pero también, por qué no, podría ser que lo que comenzó con la salida del doctor Pablo Anaya Rivera de la Secretaría de Salud y que va a continuar con la de Tomás Ruiz González de la de Finanzas y Planeación, más las que se esperan en los días por venir, podría servir para un reacomodo de fuerzas de cara al futuro.

Las que se están dando, aparentemente son remociones, ajustes dentro de la normalidad política y administrativa. Pero los movimientos en áreas sustantivas y los nombres de los relevos podrían ser un indicativo de que estaría por nacer o estaría naciendo una corriente política que buscaría empezar a posesionarse para lo que viene en 2016: el relevo gubernamental.

Se aprovecha la circunstancia de que algunos irán como candidatos a un cargo de elección popular, pero no todos, como Tomás Ruiz, por ejemplo. Ahora se coloca ahí a un hombre cercano al afecto del Gobernador. Para nadie es un secreto una vieja y estrecha amistad, una gran relación personal de Salvador Manzur Díaz con el gobernante.

De éste dijo que tiene todos los elementos, la experiencia y la capacidad para poder desempeñar el cargo de secretario de Finanzas y Planeación y recordó que fueron compañeros en el Senado de la República (se entendería que con el entonces senador Fidel Herrera Beltrán), que colaboraron juntos en la Secretaría de Finanzas y Planeación (ya en el gobierno de Fidel Herrera Beltrán) y que fueron compañeros como diputados federales, para de nuevo volverse a encontrar uno como gobernador y el otro como alcalde. Volverán a colaborar juntos.

¿Por qué Manzur y no otra persona? Lógicamente, porque es su hombre de confianza. Y no cabe duda de que lo estuvo preparando para la nueva responsabilidad. Ahora cobra sentido por qué a principios de noviembre pasado el gobernador Duarte lo llevó sólo a él y a Erick Lagos Hernández a una comida en el rancho San Julián, en Perote, con el poderoso presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, José Yunes Zorrilla, amigo, cercano amigo del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray.

En Salud, Duarte nombró a otro amigo suyo, cercano también, con el que se conoce desde que se iniciaba en la política en Córdoba, Juan Antonio Nemi Dib. A mí me llamó la atención que ahora que le dieron el nombramiento lo distinguió asistiendo también la señora Karime Macías de Duarte, esposa del Gobernador y presidenta del DIF Estatal.

Habrá que saber el resto de remociones y de nombramientos. Podría estar surgiendo a la luz pública el duartismo.

Por otra parte, Duarte de Ochoa dijo que Tomás Ruiz no sólo fue su colaborador sino que es su amigo. Fueron significativas sus palabras de despedida: “… le deseo todo el éxito, estoy seguro que con su gran capacidad, experiencia y profesionalismo va poder desempeñar una excelente labor en cualquiera de las áreas donde se desempeñe. Cuenta con todo el apoyo y respaldo nuestro. Cualquiera que sea su futuro, va a ser representante de los veracruzanos y esa acción viene a fortalecer su crecimiento profesional y su desarrollo en lo que es el área financiera administrativa del país, que espero repercuta en Veracruz”.

Por otra parte, ayer mismo el Gobernador, aunque con otras palabras, alertó a los alcaldes salientes a que no caigan en el Año de Hidalgo. Durante un acto que tuvo lugar en el ORFIS, por poco y les recuerda lo que le acaba de pasar a Elba Esther Gordillo.

Al respecto, el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, confirmó que en un plazo no mayor a mes y medio serán presentadas denuncias penales contra ex servidores públicos de 15 ayuntamientos que no pudieron solventar un daño patrimonial por 113 millones de pesos de la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2010.