Orfis, sucesor a modo

Prosa aprisa

Orfis, sucesor a modo

Arturo Reyes Isidoro

El reciente nombramiento de Lorenzo Antonio Portilla Vázquez como nuevo auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) para los próximos siete años pudo haber sido antes o después del 26 de septiembre, pero fue precisamente en esa fecha. Por qué.

Me llama la atención una coincidencia: que precisamente ese día, el pleno del Senado aprobó la primera iniciativa preferente del presidente Felipe Calderón, que pone un alto al abuso de los recursos públicos por parte de gobernadores y alcaldes, pues los obliga a esclarecer su relación económica con el sindicato magisterial y a revelar las relaciones de compadrazgo o amiguismo en la entrega de concesiones y a mostrar las deudas que pactan.

Quiero pensar que tal coincidencia no es mera coincidencia. Sin duda, la reforma la pactaron priistas y panistas (solo el PRD hizo objeciones), es decir, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pareciera que el primero de ellos está facilitándole muchas cosas al que viene, que le está pavimentando caminos para un mejor tránsito en el gobierno, porque la reforma, si bien es a iniciativa del panista, va en el sentido del punto número 10 del Manifiesto “Por una Presidencia Democrática” que presentó el entonces candidato Peña Nieto el 21 de mayo pasado en el que planteó una nueva relación entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados y municipios para, entre otras cosas, promover una cultura de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos con reformas constitucionales en materia de transparencia y homologación contable en los estados y municipios, en el fortalecimiento y autonomía legal y política de los órganos de fiscalización de los estados y para dotar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de competencia en asuntos de los estados y municipios.

Por ahora, la reforma se envió a la Cámara de Diputados, para que a más tardar el 1 de noviembre sea una realidad, con la acotación de que los municipios con el mayor retraso tecnológico y administrativo cuenten con dos años más para comenzar a revelar todos los datos sobre sus nóminas, los contratos que otorgan, las deudas que adquieren y los pagos pendientes que asumen.

Ayer, Portilla dio a conocer que se trabaja en la elaboración de una iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior, que permitirá acotar más los tiempos para la revisión de las cuentas públicas. “Estamos trabajando, traemos un proyecto para fortalecer el marco legal del Orfis, para hacerlo más dinámico y que coadyuve con los entes fiscalizables a que sus operaciones sean con más tiempo”.

Es indudable que el funcionario de fiscalización llegó al cargo con el aval del gobernador Javier Duarte de Ochoa y que la fecha de su elección y aprobación tiene una especial significación, que lleva chanfle, que tiene mensaje.

Con el nombramiento de Portilla Vázquez, el gobernador pareciera haber dado ya el primer paso para estar e ir acorde con el replanteamiento del Presidente electo acerca de la nueva relación entre la Federación, los estados y los municipios sobre la transparencia y rendición de cuentas.

Así, habría aprovechado la conclusión del periodo legal del anterior auditor general del Orfis, Mauricio Audirac, para empujar a un sucesor a modo, pero a modo de la línea política que está tirando el nuevo Tlatoani, promoviendo para ello a un hombre no solo de sus confianzas y al que conoce muy bien (trabajaron juntos en la Secretaría de Finanzas), sino del que sabe las virtudes profesionales que lo adornan y que lo ayudará a transitar con éxito en los nuevos tiempos por venir en el país, exigiendo y apretando a quien tenga que hacerlo para que se cumplan los deseos de Peña Nieto de que haya transparencia y se rindan cuentas claras sobre el manejo de los recursos públicos, que son del pueblo, deseos que, por lo demás, son un clamor popular generalizado ante la corrupción que nos ahoga.

Duarte sería, así, el primer gobernador del país que se preparara para ir adelante con la reforma y en busca de procurar la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos, en lo que tendrá el respaldo de todos los veracruzanos si en efecto ese es su propósito.

Cabría entonces pensar que la reforma a la Ley de Fiscalización Superior que anuncia Portilla Vázquez estará sustentada en la ley preferente de Calderón que aprobó el Senado pero, en especial, en la iniciativa que presentará en breve Peña Nieto, que pondrán un alto al abuso de los recursos públicos.

Sobre Portilla Vázquez, empresarios se pronunciaron porque llegara otra persona al cargo; panistas dicen que lo vigilarán con “telescopio”; en los medios, su postulación y luego su designación causó polémica pues lo acusaron de que responde a equis o a yes intereses.

Con interés, he leído que en varios casos se le juzga anticipadamente en forma negativa, como si ya hubiera actuado. Dice el dicho que la burra no era arisca, que la hicieron a palos. Ciertamente, el arribo del nuevo funcionario se da en medio de la desconfianza acaso a causa de la sospecha y de los señalamientos que rodearon la actuación y la salida de su antecesor. Creo, sin embargo, que habrá que calificarlo por sus resultados.

De todos modos, toda esta atención empresarial, mediática y política que ha rodeado su asunción hace anticipar que su actuación estará bajo el escrutinio de los veracruzanos y, además, cómo no va a ser si el órgano que ahora preside tiene como objetivo primordial auditar los recursos federales, que son muchos y muy cuantiosos, que se supone deben ejercer bien los entes fiscalizables del estado.

No conozco ni nunca he tratado siquiera por teléfono al nuevo auditor general, pero una persona totalmente insospechada para mí me ha dado las mejores referencias de él. Como ser humano, me lo pinta casi como un santo: no fuma, no toma licor (hasta parece “hermano” evangelista, me dice), no usa malas palabras, es decente, educado, de trato amable y siempre con la sonrisa en la boca aunque esté molesto, lo que sucede pocas veces, que por ello mismo por donde ha pasado en la función pública se ha ganado la simpatía y el reconocimiento de todos.

Como profesional, me refiere que es meticuloso en su trabajo, dedicado, disciplinado, confiable, que respeta sus acuerdos, que sus cálculos son milimétricos, que para las finanzas es astuto y sagaz, que no se desespera, que es difícil de sorprender o engañar porque conoce su campo como pocos, que tiene la agudeza para detectar de inmediato las anomalías y que posee la sensibilidad para saber acomodar al personal a su cargo en tiempos y espacios gracias a lo cual saca mejor provecho del material humano y logra el éxito. No le gusta perder el tiempo, habla con la verdad y de manera directa, me agrega.

Si en efecto así es, entonces es un verdadera rara avis de nuestro sistema político local.

Pero todas esas virtudes que lo adornan –por ahora no tengo por qué no creer que es cierto lo que me platican acerca de él– se esfumarán si defrauda con su actuación, si permite la opacidad y la impunidad, si falla al gobernador Duarte de Ochoa, al presidente Peña Nieto pero, sobre todo, a la sociedad, a los veracruzanos.