Acaba Duarte con vacío legal que lo llevó al Gobierno

Prosa aprisa

Acaba Duarte con vacío legal que lo llevó al Gobierno

Arturo Reyes Isidoro

Hace dos años, en junio de 2010, el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) hizo todo lo posible para evitar la realización de un debate entre los entonces candidatos al Gobierno del Estado, Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares y Dante Delgado Rannauro. Cuando ya no pudo contener la presión política opositora así como de la prensa crítica, autorizó y realizó un remedo de debate el día 22 de ese mes y año, pero entonces buscó por todos los medios evitar su difusión con el claro propósito de proteger al candidato del PRI y llegó a tal grado su desvergüenza que no solo impidió que se transmitiera por la señal abierta de cualquier televisora o estación de radio, sino que trató de impedir que los reporteros tuvieran acceso al recinto oficial, lo que solo se pudo evitar cuando faltando pocos minutos para dar inicio, el propio Yunes Linares y Delgado Rannauro, al unísono, abrieron las puertas provocándose un forcejeo entre guardias de seguridad y los reporteros, quienes, madreados y todo, por fin pudieron acceder, aunque de todos modos luego en sus redacciones les pararon su material, pero esa es ya otra historia. Con un elemento adicional: se escogió esa fecha a propósito porque ese día la atención estaba centrada en el juego entre la Selección Mexicana de Futbol y su similar de Uruguay, dentro del Campeonato Mundial de Futbol en Sudáfrica, con lo que se buscaba atenuar cualquier impacto negativo entre la opinión pública, la ciudadanía, que dañara al abanderado tricolor, o sea a Duarte de Ochoa.

El resultado de la elección de ese año fue apretado para el PRI. Ganó por apenas 79 mil 558 votos, muy poco para un universo de poco más de 5 millones de ciudadanos registrados en el padrón electoral, cifra que bien pudo haberse acortado o incluso revertido a favor del candidato del PAN si los veracruzanos hubieran presenciado en vivo y en directo el único debate, que para la prensa crítica de entonces perdió Duarte de Ochoa, y acaso peor para el PRI si hubieran sido dos las exposiciones públicas ante cámaras y micrófonos abiertos con cobertura estatal.

Por eso hoy, sinceramente, hay que quitarse el sombrero y ponerse de pie por la audacia a la que acaba de llegar Duarte con su iniciativa de un nuevo Código Electoral para el estado, que fue aprobado el lunes por unanimidad de todos los partidos políticos representados en el Congreso local, no sin protestas e inconformidad previas de la oposición, que obligaron a suprimir verdaderas aberraciones como el polémico y escandaloso artículo 48 que impedía a los candidatos o partidos políticos contratar publicidad electoral en aquellos medios que “… aun habiendo efectuado los registros señalados en este artículo, publiquen mensajes en contra de cualquier partido, coalición o candidato”, lo que simple y llanamente no era más que una forma velada de censura y en contra de la libertad de expresión.

Pero para llegar al nuevo ordenamiento tal como quedó, tiene que reconocerse la presión que ejercieron los partidos de oposición para echar abajo tal despropósito, así como la que hizo la poca prensa crítica que por fortuna existe en el estado, aunque también, esta vez, la cordura, el buen entendimiento y la sensibilidad política del joven titular del Ejecutivo del estado, quien escuchó el clamor y entró en razón y estuvo de acuerdo en conciliar desechando el artículo de marras, con lo que, de hecho, de paso, reprobó a sus asesores jurídicos que lo expusieron de nuevo al escándalo mediático al llevarlo a tales descarríos, así como a sus aplaudidores profesionales y a los zalameros interesados que a todo lo que haga o diga le dicen que sí aunque sepan que va derecho al despeñadero.

Considero como audaz el paso que dio porque propuso esta vez, y se aprobó, que sea obligatorio que para dentro de cuatro años los candidatos al Gobierno del Estado realicen por lo menos dos debates, pero que, además, se transmitan a través de dos televisoras con cobertura estatal, algo que no obstante estar contenido en el ordenamiento legal electoral federal, en Veracruz no estaba considerado y por lo tanto no tenía carácter de obligatoriedad, coartando así el interés ciudadano, del elector, de conocer mejor las propuestas electorales de los partidos en las personas que postulaban a través de sus propuestas, de sus reflexiones, de sus ideas y de sus ofrecimientos.

Sorprende y agrada que Javier Duarte de Ochoa haya decidido llenar este vacío legal electoral local, que de no haber existido hace dos años acaso él mismo no estuviera sentado ahora en la silla principal del Palacio de Gobierno, pues gracias a ella, como candidato, se escabulló hasta donde pudo de un debate con Miguel Ángel y con Dante, y cuando ya no lo pudo hacer más, el que se realizó fue manipulado hasta el extremo de limitar la difusión, en un acto vergonzoso, una mancha imborrable para las autoridades del Instituto Electoral Veracruzano (IEV).

Por eso resulta estimulante y alentadora y tiene que reconocerse la decisión del propio Duarte de acabar con esa deficiencia y en parte eso explica el por qué los dirigentes de todos los partidos políticos dieron su aval a la reforma y por qué los representantes de los partidos emitieron también su voto en forma favorable en el Congreso del Estado. Bien por Duarte.

La Procu aclara

A propósito de la columna de ayer (“Caso de la Procu, ¡para Ripley!”), el secretario particular del Procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa, Rafael Pérez Cárdenas, un viejo conocido mío, ex compañero de oficio y de trabajo en la Dirección de Prensa del Gobierno del Estado en el sexenio de Miguel Alemán Velasco, me remitió ayer el reporte que de los Servicios Periciales del puerto de Veracruz le hicieron llegar al fiscal del estado:

“El día jueves 26 de julio se llevó a cabo la inhumación de veinticinco cadáveres, siendo trasladados hasta el panteón municipal de la ciudad de Veracruz. En la diligencia estuvieron presentes el C. José Peña Hernández, encargado de la Regiduría Quinta del gobierno municipal de Veracruz, el Lic. Alejandro Díaz Infante Acevedo, Agente del Ministerio Público Auxiliar de la Subprocuraduría Zona Centro, y los Agentes del Ministerio Público de las Agencias Primera y Tercera de Veracruz. En la inhumación de los cadáveres, se utilizaron tres ambulancias, ya que fueron retirados veintitrés cadáveres del Instituto de Medicina Forense y dos cadáveres de traslado de la ciudad de Xalapa, los cuales se encontraban en resguardo dentro de la Dirección de los Servicios Periciales.

La diligencia se realizó sin contratiempo, sin embargo, al realizar el traslado de los cuerpos desde las ambulancia hasta el sitio en donde se encontraban las fosas –una distancia de aproximadamente 140 metros–, se utilizaron camillas y carretillas, lo que llamó la atención de algunas personas. Al estar realizando estos traslados, llegaron varios reporteros de diferentes medios, a los cuales se les indicó que no se podían acercar al sitio en donde se estaban inhumando los cuerpos; en tono de molestia, los reporteros gráficos indicaron que únicamente realizaban su trabajo, por lo que tomaron fotografías desde lejos de cómo se realizaron los traslados, no así de las fosas; procedieron a retirarse molestos, lanzando amenazas de realizar publicaciones de la diligencia, porque no se les proporcionó ningún tipo de información. Al tratarse de una diligencia ministerial, el personal de la PGJE estaba impedida para proporcionarla”.